Irán ejecutará a las nueve personas que han sido condenadas a muerte por su supuesta participación en las protestas surgidas tras la reelección del presidente, Mahmud Ahmadineyad, en junio pasado y que sacuden el país desde entonces.
El primer adjunto a la jefatura del Poder Judicial, Seyyed Ebrahim Raïssi, dijo en declaraciones divulgadas por la agencia local Fars, que "todos ellos han sido acusados de atentar contra la revolución y de participar en las protestas".
"Dos han sido ejecutados y los otros nueve lo serán próximamente por su participación en las protestas", agregó durante una reunión mantenida el lunes en una mezquita de la ciudad santa de Qom.
Irán ahorcó el pasado jueves a Mohamad Reza Ali Zamani, de 37 años, y Arash Rahmanipour, de 20, acusados de conspirar para derrocar el régimen.
Aunque ambos habían sido detenidos meses antes de que estallaran las protestas, fueron juzgados junto a los arrestados en los actuales disturbios.
El jefe del Poder Judicial, ayatolá Sadeq Lariyani, confirmó el domingo que los dos opositores ahorcados el pasado jueves fueron detenidos antes de las polémicas elecciones presidenciales y estaban acusados de terrorismo.
En declaraciones divulgadas este domingo por la prensa local, el clérigo subrayó, asimismo, que aquellos que sean acusados de mohareb (enemigos de Dios, un delito penado en Irán con la muerte) serán tratados como merecen.
En esta línea, Lariyaní insistió en que la Justicia iraní será implacable y "no mostrará clemencia alguna con aquellos grupos de Mohareb que tratan de dañar la seguridad nacional y agitar la República Islámica".
"Algunos se han hecho ilusiones acerca de que el Poder Judicial sirviera a otra cosa que no sea la justicia. Esas esperanzas políticas son ilegales y contrarias a la ética", apostilló.
Irán está sumido en una grave crisis política y social desde la reelección de Ahmadineyad, cuyo triunfo electoral la oposición reformista considera fruto de un "fraude masivo".
En la represión de las protestas perdieron la vida al menos una treintena de personas, según cifras oficiales, y 72, de acuerdo con el cómputo de la oposición, que también denunció torturas en las cárceles.
Además, alrededor de 4.000 personas fueron detenidas, entre ellas más de un centenar de responsables de la oposición que encabezan los candidatos derrotados, Mir Husein Musavi y Mehdi Karrubí.
La crisis se agravó el pasado 27 de diciembre, día sagrado de Ashura, en una jornada violenta en la que al menos ocho personas murieron en enfrentamientos entre grupos de oposición y fuerzas de Seguridad.
A este respecto, el clérigo ultraconservador Ahmad Yanati agradeció un día después al Poder Judicial su acción y le instó a acelerar la aplicación de las sentencias impuestas a los detenidos durante las protestas.
"De la misma manera que se ha ejecutado rápidamente a esos dos mohareb (enemigos de Dios), se debe mantener la firmeza y actuar contra el resto de ellos", señaló.
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