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Los siete primeros presos políticos liberados por el Gobierno cubano han asegurado a su llegada a Madrid que su viaje a España puede ser el comienzo de un cambio en Cuba y han expresado su esperanza de que los que quedan en la Isla gocen de las mismas libertades que ellos en la actualidad.

Así lo ha manifestado en el aeropuerto de Barajas Ricardo González Alfonso, en nombre de sus compañeros Léster González, Omar Ruiz, Antonio Villarreal, Julio César Gálvez, José Luis García Paneque y Pablo Pacheco.

"Somos el inicio de un camino que puede ser el comienzo de un cambio en el país", ha asegurado González, mientras destacaba que estas excarcelaciones "no son, ni muchísimo, el último paso".

Ha subrayado que, debido a la participación de la Iglesia cubana, encabezada por el Cardenal Jaime Ortega, y al "acompañamiento del Gobierno español", el diálogo con el régimen castrista terminará con la liberación de todos los presos.

En este sentido, Julio César Gálvez, que ha leído un comunicado firmado por todos, ha recordado que la apertura de este diálogo ha sido posible gracias a la lucha de miles de cubanos en aras de la libertad, la democracia y la paz.

En el comunicado se hace una mención especial al "martirio de Orlando Zapata", fallecido tras 86 días de huelga de hambre; a Guillermo Fariñas, que abandonó su protesta la semana pasada, y a la "fe inquebrantable de las Damas de Blanco y del exilio".

Ricardo González ha negado que este primer grupo de excarcelados se sienta manipulado y ha aclarado que en todos los procesos de diálogo se producen cesiones, aunque ha dejado claro que su actitud en la cárcel fue la de no ceder. Y ahora, ha dicho, "cada uno ha tomado el camino que ha considerado conveniente", en relación con los liberados que han decidido no abandonar Cuba.

"Para nosotros el exilio es una prolongación de la lucha, y se puede luchar de muchas formas", ha destacado, y ha añadido: "Una palabra recorre Cuba y es la palabra cambio, que cada uno interpreta desde un punto de vista diferente. Significa libertad, no sólo la nuestra, sino la de todos los cubanos".

Estos siete presos excarcelados tras más de siete años de cautiverio forman parte del llamado "Grupo de los 75", opositores condenados a penas de hasta 28 años en lo que se conoce como la Primavera Negra de 2003.

Han llegado hoy a España en sendos aviones de Air Europa e Iberia, y el Gobierno español les ha ofrecido "la protección subsidiaria y el compromiso de que trabajará en todo lo que sea necesario con el objetivo de lograr su integración en la sociedad española", ha dicho el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Iglesia, después de dar la bienvenida a este grupo en em aeropuerto de Barajas.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta el momento son veinte los disidentes que han comunicado el deseo de ser enviados a España, al menos de forma transitoria.

El régimen cubano se ha comprometido a liberar a 52 presos de forma gradual en un plazo de cuatro meses, y cuatro de ellos, acompañados de sus familiares, llegarán mañana a España, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Moratinos ha afirmado que la "nueva voluntad" del régimen castrista de avanzar en las liberaciones de los presos políticos también se extiende al ámbito de las reformas económicas y sociales.

Durante una comparecencia en el Congreso, ha opinado que el escenario abierto en la isla en el marco del diálogo entre el régimen castrista y la Iglesia cubana, apoyado por España, representa una "oportunidad" que no se debe desaprovechar para redefinir la política de la Unión Europea con el país caribeño.

Según Moratinos, es preciso acabar con la posición común, vigente desde 1996, para abrir una nueva relación sobre "los parámetros del respeto y el diálogo".

El senador del PP Alejandro Muñoz-Alonso ha opinado que el anuncio del Gobierno cubano de excarcelar a 52 presos políticos no es suficiente como para promover un cambio en la postura común de la Unión Europea.

El diputado de IU Gaspar Llamazares ha pedido a la Unión Europea que acabe con la "posición común" hacia la isla, que condiciona las relaciones con este país a avances democráticos y en materia de derechos humanos.