El gobierno argentino y el sector agropecuario retoman el diálogo, pero se mantiene la desconfianza

En la reunión, no ha habido ni acuerdos ni compromisos, y las posiciones siguen distanciadas.

El Gobierno de Argentina y el sector agropecuario retomaron el diálogo interrumpido hace un mes, pero la cita solo dejó en claro que persisten las discrepancias en torno a los impuestos a las exportaciones de granos. Después de que los productores rurales levantaran este viernes la cuarta huelga comercial convocada en poco más de tres meses, la presidenta argentina, Cristina Fernández, recibió en su despacho a los dirigentes de las cuatro patronales del campo.


Ambas partes destacaron la importancia de haber recuperado el diálogo, pero mientras el Gobierno se mostró más optimista y calificó el encuentro como "positivo", el campo fue más cauto a la hora de evaluar los resultados de la reunión.


"Hay que valorar que se haya reanudado el diálogo, algo que viene a interrumpir un proceso de confrontación. Se ha reconstituido una instancia de democracia, con discrepancias, pero con respeto. Es importante decirnos las cosas a la cara", dijo a la prensa el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.


En la reunión, definida por el Gobierno como una "charla franca", no hubo acuerdos ni compromisos: solo una invitación de la presidenta al campo para sumarse a los "acuerdos del bicentenario" y la expectativa de los dirigentes para que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, les vuelva a convocar a la mesa de diálogo agropecuario, que quedó trunca el pasado 26 de mayo.

Asperezas


El tema de las retenciones móviles a las exportaciones, que desató el conflicto el pasado 11 de marzo, sigue siendo el más ríspido.


Mientras el jefe de gabinete aseguró en una rueda de prensa que el asunto no fue tratado, los dirigentes rurales señalaron que volvieron a pedirle a la mandataria que suspenda el esquema tributario.


"La presidenta hizo una fuerte defensa constitucional (de las retenciones) y señaló que es ahora el Congreso el que decide", aseguró Buzzi.


Cristina Fernández envió el martes pasado al Parlamento un proyecto de ley para que ese poder ratifique los impuestos a las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo.


La iniciativa comenzó a analizarse en comisiones del Congreso, por donde desfilaron dirigentes rurales y gobernadores de las provincias agropecuarias.

Exportaciones


En la cita, la presidenta exhibió estadísticas de la Aduana que revelan que en los primeros cinco meses del año los ingresos por exportaciones de granos y alimentos procesados registraron un alza interanual del 28 por ciento, con saltos mucho mayores para la soja, la harina de trigo y el aceite de girasol, en un período en el que las entidades estaban en plena protesta.


Los productores rurales llevaron a cabo cuatro huelgas que consistieron mayormente en no enviar a los mercados granos con destino a la exportación, además que instalaron bloqueos de carreteras que derivaron en desabastecimiento y encarecimiento de combustibles y alimentos.


"La presidenta les dijo (a los dirigentes rurales) que veía con cierto pesar estos datos (de la Aduana), porque corroboran que se siguió exportando y los argentinos sufríamos el desabastecimiento de comida y combustibles", comentó el jefe de gabinete.


Buzzi discrepó con la visión de la presidenta en este punto y señaló que los datos de la Aduana presentados así "intentan poner a la protesta agropecuaria como si fuese dirigida hacia los argentinos".


Argentina es el primer exportador mundial de girasol, el segundo de maíz, el tercero de soja y el cuarto de trigo, y ocupa también puestos de relevancia en el comercio global de derivados (aceites y harinas) de estos granos.