La participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público en Río de Janeiro fue autorizada en un decreto firmado por el presidente brasileño, Michel Temer, y publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial este viernes.

La ayuda del Gobierno federal a la gobernación regional de Río de Janeiro para garantizar la seguridad prevé un refuerzo de 8.500 miembros de las Fuerzas Armadas, de 620 de la Fuerza Nacional de Seguridad (cuerpo de elite integrado por agentes de todo el país) y de 380 de la Policía Federal de Carreteras.

Otros 740 agentes de la Policía Federal de Carreteras se sumarán a las operaciones pero en las fronteras del país, con la misión de combatir la entrada de drogas y de armas dirigidas a los grupos criminales que actúan en Río de Janeiro.

Los militares participarán en operaciones puntuales para combatir el crimen organizado pero también reforzarán, cuando sea necesario, el trabajo de los policías de Río de Janeiro, explicó el ministro brasileño de Defensa, Raúl Jungmann, en rueda de prensa.

"Los militares no participarán en ocupaciones de favelas, como en anteriores ocasiones. Serán usados como último recurso siempre y cuando sea necesario. Pero no descartamos que también ayuden a patrullar las calles", dijo el ministro.

El anuncio del envío de refuerzos federales coincidió con el inicio de una operación en que miembros del Ejército, apoyados por blindados, montaron retenes en varias carreteras de acceso a Río de Janeiro.

Pese a que el decreto de hoy sólo autoriza el uso de los militares hasta diciembre de 2017 por limitaciones burocráticas, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, aclaró que la operación se extenderá hasta diciembre de 2018.

"Es un compromiso claro del Gobierno que va hasta el último día del mandato de Temer" (el 31 de enero de 2018), indicó.

Jungamm dijo que las intervenciones de las Fuerzas Armadas en Río estarán pautadas por trabajos de inteligencia previos y serán sorpresivas para tener más efectividad, por lo que no será anunciado en qué momento los militares saldrán a la calle para sus operaciones puntuales.

"Vamos a repetir la fórmula que usamos en los Juegos Olímpicos (que Río organizó el año pasado) y que tuvo tantos resultados. Todas las fuerzas de seguridad actuarán de forma integrada a partir de datos de inteligencia", dijo Jungmann.

El ministro aclaró que Río será el pionero en un modelo de intervención federal en la seguridad regional que será llevado a otras zonas del país que lo necesiten.

"Estamos dejando un modelo de intervención que tiene como locomotora la inteligencia. Es la inteligencia es la que orientará las operaciones para descabezar el crimen organizado, y ya no sólo para inhibirle, y para reducir su capacidad operacional", agregó.

Jungmann admitió que el Gobierno no retrocederá en su estrategia pese que espera "reacciones", con posibles ataques de los grupos criminales a autobuses y comercios, como ha ocurrido otras veces.

La intervención militar fue solicitada por el propio gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, ante la grave crisis tanto fiscal como de seguridad que enfrenta este estado.

La escalada de violencia de los últimos meses en Río coincide con la grave crisis económica que obligó al gobernador a declarar el estado de calamidad financiera (quiebra) por carecer de recursos para cumplir las obligaciones del Gobierno.

Los recortes afectaron los extras destinados a los policías para que aumentaran sus horas de trabajo y la contratación de nuevos agentes, lo que ha reducido el efectivo policial de Río de Janeiro en cerca de 3.800 hombres en los últimos dos años.

La situación se ha agravado igualmente por el aumento del número de policías asesinados en Río de Janeiro, que en lo que va del año ya llega a 91, y por la corrupción en los cuerpos de seguridad.

Además del aumento de las tasas de homicidios y asaltos, también ha crecido en Río de Janeiro el número de tiroteos en las calles, hasta un promedio de 15 diarios este año.

Los robos de cargas a camiones aumentaron un 21 %, hasta 1.041 en mayo, lo que es atribuido a la decisión de las bandas criminales de diversificar sus negocios y no limitarse al tráfico de drogas, el delito más combatido.