Maduro rectifica y anuncia que someterá a referéndum la nueva Constitución

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rectificado y ha anunciado que la nueva Constitución, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente que ha convocado, será sometida a consulta popular pese a que el Tribunal Superior de Justicia había sentenciado que no era necesario.

De hecho, la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega (que se ha desmarcado de las últimas decisiones del mandatario) decía este jueves que si la nueva carta Magna no se sometía a la aprobación del pueblo supondría un retroceso en los Derechos Humanos, algo que expresamente se prohíbe en la Constitución venezolana.

Ortega aseguraba que "bajo ninguna circunstancia" se pueden desmejorar los Derechos Humanos y acusaba al Gobierno de Maduro de querer vulnerar la progresividad de estos derechos al convocar una Constituyente "en la que la participación popular se reduce a su mínima expresión".

No obstante, si ha sido por la presión internacional, o porque no quiere que la Asamblea Constituyente quede deslegitimada, lo cierto es que Maduro ha dado un giro y ha anunciado (contra todo pronóstico) que la nueva Carta Magna que se redactará como "pionera, perfeccionada y mejorada" se someterá a un referéndum consultivo.

"Mejorada con la sabiduría revolucionaria de su pueblo, del pueblo de Venezuela", ha asegurado Maduro desde el Palacio de Miraflores de Caracas en una alocución retransmitida por la cadena de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Seguro como que así lo vivimos y lo vamos a volver a vivir, al final del proceso, seguro, seguro, y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva Constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo quien decida si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada o no está de acuerdo", ha anunciado.

"Lo digo como seguro que lo viví y como que lo voy a vivir", ha repetido. Asimismo, ha adelantado que cree que "saldrán los mismos de siempre a llamar a votar 'no' como ya lo hicieron" en el pasado, en referencia a la oposición, que ya ha llamado a desconocer, porque considera "ilegal" la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

Maduro ha convocado la Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TPJ) para despojar de sus competencias a la Asamblea Nacional.

Este miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el plazo de inscripción para los ciudadanos que deseen postularse para formar parte de la Constituyente.

En el contexto de crispación social que vive Venezuela desde hace dos meses, el máximo tribunal de Justicia de Venezuela ha ordenado al líder opositor y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, que impida que en su estado se instalen barricadas de protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro y ha advertido de que incumplir esta sentencia podría acarrearle pena de cárcel.

Desde hace casi dos meses, miles de manifestantes han salido a las calles para protestar por lo que consideran una dictadura. En muchas ocasiones, los manifestantes interrumpen el tránsito con escombros, basura o vehículos.

La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha publicado una sentencia el jueves indicando que ha aprobado una acción judicial por intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos del estado de Miranda, gobernado por Capriles.

Los ciudadanos han presentado un recurso de amparo contra el gobernador alegando que las interrupciones en el tránsito generan "zozobra y pánico".

La sentencia además cita un artículo que advierte de que si Capriles opta por desacatar el amparo "será castigado con prisión de seis a quince meses".

El texto ordena al funcionario que "realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos en dicho Estado".

El TSJ emitió este mes otra decisión similar contra alcaldes opositores de Caracas, donde se han realizado el grueso de las manifestaciones, entre otras autoridades.