El Gobierno galo presenta una ley anticorrupción mientras capea la polémica

El nuevo Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, presentó este jueves una ambiciosa ley para regenerar la vida política mientras capea su primera gran polémica, un caso de posible nepotismo que afecta a uno de sus ministros.

La divulgación de las líneas generales de la "moralización de la vida pública", el primer proyecto de ley de Macron, estuvo empañada por un nuevo vuelco en el caso que afecta a su ministro de Cohesión Territorial, el antiguo socialista Richard Ferrand.

A pesar de que en un principio había declinado hacerlo por no ver motivos, la Fiscalía de Brest (noroeste de Francia) anunció este jueves una investigación preliminar contra Ferrand por sospechas de nepotismo en un asunto inmobiliario de 2011 en el que su pareja se podría haber beneficiado.

En un país donde la desafección hacia la política es galopante, la investigación abierta supone un duro revés para la imagen de Macron y de su Gobierno, que echó a andar hace solo dos semanas.

Aunque la presión en favor de su destitución es cada vez mayor, el primer ministro nombrado por Macron, el conservador Edouard Philippe, reiteró su confianza en el titular de Cohesión Territorial.

"La apertura de una investigación preliminar no cambia estrictamente nada la posición que ya he hecho pública en otras ocasiones: mientras no haya una acusación formal, no hay ninguna razón para pedirle a Ferrand que abandone el Gobierno", dijo a los periodistas Philippe.

Mientras el Gobierno capeaba esta incómoda polémica, el ministro de Justicia francés, el centrista François Bayrou, presentaba en una larga conferencia de prensa un borrador de ley para atajar la corrupción en la política.

Entre los cambios más sustanciales, se incluye una intrincada reforma constitucional, que necesitaría de tres quintos de los diputados, con la que se acabaría con el tribunal especial para juzgar a miembros de Gobierno y se establecería una limitación de mandatos a tres consecutivos.

A través de leyes ordinarias u orgánicas -más sencillas de poner en marcha-, se luchará contra el conflicto de interés de los políticos para acabar con la atribución de empleos a familiares por parte de cargos públicos.

Este ha sido un punto especialmente sensible en los últimos meses en Francia, desde que se descubriese a inicios de año que el antiguo candidato conservador a la presidencia de Francia, François Fillon, había empleado a su mujer durante décadas como asistente parlamentaria.

Otra medida innovadora presentada por Bayrou fue la del "banco de la democracia", cuya misión será financiar las campañas de los partidos políticos para que todos tengan igualdad de condiciones a la hora de lograr préstamos.

El ministro de Justicia, que declinó pronunciarse sobre la investigación de su colega Ferrand, aclaró que no cree "en la virtud individual", porque sabe que hay "debilidades" humanas en "todos los lados".

"Estas medidas entrarán en vigor en cuanto sean promulgadas y votadas. Aunque, en el fondo, yo no soy Torquemada (el implacable inquisidor español del siglo XV). Es necesario tener reglas estrictas, pero no soy un extirpador" de las malas prácticas individuales, finalizó.

Esta ambiciosa e inédita reforma estará en las manos del Parlamento que salga de las legislativas del 11 y 18 de junio, donde el partido de Macron aspira a obtener una mayoría absoluta, según los últimos sondeos.

La "moralización de la vida pública", también denominada por el ministro Bayrou como la ley para "la confianza en nuestra vida democrática", ha sido acogida con buenos ojos por organizaciones anticorrupción, magistrados e incluso partidos de oposición como el ultraderechista Frente Nacional.