Grecia y sus acreedores alcanzaron este martes, tras una maratoniana noche de negociaciones, un "acuerdo técnico preliminar" que pone las bases para el cierre de la segunda evaluación del programa de rescate.

"Hay fumata blanca, hemos llegado a un acuerdo sobre todos los temas", dijo el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, a la salida de la última ronda de reuniones, que duró casi 12 horas, y reconoció que la delegación de sus país se queda con un sabor agridulce.

Entre los aspectos positivos para el Gobierno griego se encuentra que no deberá aplicar medidas adicionales de recorte en 2018 y que algunas empresas públicas pasarán al nuevo superfondo de privatizaciones y no al actual, TAIPED, lo que permitirá al Estado evitar su privatización total.

Tsakalotos también destacó que no habrá una mayor liberalización de los despidos colectivos, y que se abrió la puerta a una reimplantación de la negociación colectiva de los trabajadores a partir del fin del programa de rescate, en septiembre de 2018.

"Estoy seguro de que ahora se negociará la deuda porque no hay excusa", afirmó el ministro de Finanzas heleno.

Tanto un eventual alivio de la deuda como los objetivos de superávit primario, antes del pago de la deuda, a partir de 2018 (año en el que Grecia debe alcanzar el 3,5% del producto interior bruto (PIB)) serán discutidos más adelante, en el Eurogrupo, aseveró Tsakalotos.

En este último aspecto Grecia está cumpliendo con sus obligaciones con creces, pues obtuvo en 2016 un superávit primario 3,9% del PIB (e incluso 4,2% en los términos del rescate) estuvo muy por encima de lo calculado por las instituciones (con excepción de la Comisión Europea).

En 2019 y 2020

El acuerdo alcanzado entre Grecia y sus acreedores contempla además la reducción en el gasto público de un 2% del PIB en 2019 y 2020, algo ya esbozado en distintos acuerdos del Gobierno heleno a nivel europeo.

Para 2019 Grecia recortará un 1% de su PIB en gasto de pensiones, lo que se traducirá en una reducción media de alrededor del 9%, pudiendo llegar hasta el 18%, lo que ratifica el decimotercer recorte en este capítulo desde el inicio de la crisis.

Al año siguiente, en 2020, Grecia deberá reducir el mínimo exento de imposición, actualmente situado en los 8.636 euros, para rebajar otro 1% del PIB el gasto público.

Grecia y sus acreedores acordaron además que si el Gobierno heleno consigue superar el superávit primario que se acuerde en 2019 y 2020 podrá aplicar contramedidas de alivio de un valor equivalente a los recortes.

Negociaciones

Durante estos últimos e intensos días de negociaciones algunos de los puntos avanzaron rápidamente, como el asunto de la energía, mientras que otros, como la apertura de los comercios los festivos, estancaron la negociación.

En este último aspecto el Gobierno griego y las instituciones acordaron más domingos y festivos de apertura y la ampliación de las zonas denominadas "turísticas" en las que los comercios tendrán más flexibilidad.

A pesar de todo este acuerdo es solo el primer paso de muchos hasta que Grecia pueda recibir el desembolso de alrededor de 7.000 millones de euros que le permita hacer frente a sus obligaciones de deuda en julio.

Primero este acuerdo deberá pasar por el nivel técnico de Gobierno heleno y acreedores, y deberá ser posteriormente refrendado por el Eurogrupo del 22 de mayo.

Al mismo tiempo Grecia deberá aprobar en el Parlamento las medidas acordadas sin que se rompa la mayoría gubernamental, sobre todo amenazada por las tensiones dentro del partido gobernante, Syriza.

Por último las instituciones europeas, Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), deben ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la participación de este último en el rescate al país, pues el organismo con sede en Washington la ha ligado a un alivio de la deuda helena.

Este será precisamente uno de los futuros puntos de fricción entre acreedores y Grecia, pues el primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha declarado en anteriores ocasiones que solamente aplicará las medidas acordadas para 2019-2020 en caso de que haya una solución para la deuda.