El Gobierno venezolano prohíbe portar armas durante 180 días

La medida trata de "garantizar la paz" en el país, tras más de un mes de protestas que han dejado 29 muertos y cientos de heridos.

Activistas venezolanos en las protestas de este lunes.
La oposición marcha en 15 estados de Venezuela para pedir respeto a la Constitución
AFP Photo

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, anunció este martes la suspensión del porte de armas en todo el país como medida para garantizar la paz, tras más de un mes de protestas que han dejado un saldo de 29 muertos y cientos de heridos.

"Se suspende el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional por 180 días, para garantizar la seguridad, la paz y el orden interno", señaló Reverol en su cuenta en Twitter, sin más detalles al respecto.

La medida fue anunciada tras un mes de manifestaciones callejeras a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, muchas de las cuales han desencadenado en episodios de violencia y vandalismo.

Según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, la mayoría de las víctimas han muerto por uso de armas de fuego en escenarios de protestas. Chavistas y opositores se han acusado mutuamente de la responsabilidad de la víctimas del último mes, y el Gobierno ha señalado directamente a los líderes de la oposición de promover "acciones terroristas" para crear el caos en el país.

La decisión de suspender la autorización para llevar armas ya ha sido aplicada antes en Venezuela pero por períodos de tiempo más cortos como en algunos días en los que se prevé grandes manifestaciones o en Carnaval, Semana Santa, Navidad y las vacaciones escolares de agosto.

El clima de tensión se disparó en Venezuela tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de tomar las funciones del Parlamento, controlado por la oposición, mientras que este no reconociera una sentencia de la máxima corte sobre tres de sus legisladores.

Aunque la medida fue revertida poco después, en medio de la presión internacional y el inicio de las protestas, los opositores han insistido en denunciar la "ruptura del orden constitucional" en la que, a su juicio, incurrió el Supremo con el fallo.

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