Tsipras propone una reforma constitucional para una "nueva Grecia"

Propone limitar a dos legislaturas o un máximo de ocho años consecutivos el mandato de los diputados y primeros ministros.

Alexis Tsipras.
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Afp

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, propuso una ambiciosa reforma constitucional abocada a construir una "nueva Grecia" más democrática y abierta a la opinión del pueblo, que amplíe los referendos, refuerce el control parlamentario y limite el mandato de los diputados y jefes de Gobierno.


Tsipras eligió una fecha simbólica para anunciar sus ideas, el 42 aniversario del fin de la dictadura de los Coroneles, que se cumplió el domingo.


En un discurso en el patio del Parlamento, el primer ministro esbozó su visión de lo que debe ser la Grecia del siglo XXI, dejando de lado las limitaciones fácticas a las que está sometido desde que asumió el Gobierno hace un año y medio por el corsé que impone el programa de reformas que va unido al tercer rescate.


"En las elecciones la población griega nos encomendó acabar con lo viejo, dejar atrás todo lo que hizo quebrar a Grecia, lo que condujo a la quiebra política y económica", dijo Tsipras, quien recalcó que la crisis "no sólo es económica", sino sobre todo "resultado de una decadencia moral y política".


Concretamente, Tsipras propuso limitar a dos legislaturas o un máximo de ocho años consecutivos el mandato de los diputados y primeros ministros.


Además abogó por posibilitar que sea el pueblo y no el Parlamento el que elija al presidente de la República, aunque solo en el caso extremo de que la cámara legislativa no logre hacerlo.


Con esto Tsipras quiere evitar que haya que convocar automáticamente elecciones anticipadas cuando el Parlamento no logra ponerse de acuerdo sobre un candidato, tal y como ocurrió en diciembre de 2014, cuando el candidato Stavros Dimas no logró salir elegido y se celebraron los comicios que llevaron al izquierdista Syriza a la victoria.


Asimismo propugnó la ampliación de la posibilidad de convocar referendos populares, ahora potestad exclusiva del primer ministro.


Fiel a lo que Syriza propugnaba ya en su programa electoral, Tsipras abogó por facultar a la ciudadanía a forzar la convocatoria de un plebiscito, con medio millón de firmas recogidas para temas de interés nacional, y con un millón para revocar leyes ya votadas, siempre y cuando no afecten a asuntos financieros.


"Creo firmemente que es hora de dejar a un lado el miedo al juicio de la gente y realmente poder confiar en la democracia en nuestro país, confiar realmente en las personas", dijo.


También se mostró partidario de implantar el voto de censura constructivo, un instrumento que, dijo, garantiza la estabilidad de un Gobierno, pues obliga a que el partido que presente una moción contra el jefe de Gobierno esté obligado a proponer a un sustituto.


Tsipras no ha reclamado algo que existe en otros países europeos y de lo que adolece Grecia, un Tribunal Constitucional, pero sí pidió que se cree ad hoc un cuerpo de jueces que deliberen sobre la constitucionalidad de una ley, si lo solicita el presidente, el primer ministro o un mínimo de 120 diputados.


En dos de sus propuestas el líder izquierdista entró en materia que podría afectar a las negociaciones con los acreedores y por tanto en arenas movedizas.


En primer lugar, abogó por garantizar constitucionalmente el control público del agua y la electricidad, lo que limitaría la privatización de estos recursos, dos bienes que, dijo, "conforman el núcleo de la vida".


El segundo punto se refiere a la reforma laboral, donde pidió garantizar constitucionalmente que la negociación colectiva sea el único instrumento para decidir los salarios y, en caso de que esta fracase, sea obligatorio el arbitraje.


Con esto tocó un punto débil de la próxima ronda de negociaciones, pues el Fondo Monetario Internacional reclama, entre otras medidas, la reducción del salario mínimo, impuesta por el Gobierno -y no por los agentes sociales-.


Tsipras anunció que en septiembre se dará a conocer la composición de un comité directivo que se encargará de llevar a cabo un amplio debate, abierto a nivel nacional, sobre la reforma constitucional, que espera concluya en primavera de 2017.


Las conclusiones de este debate se entregarán a los partidos políticos con el objetivo de iniciar el proceso legislativo, explicó.

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