El estado de emergencia proclamado por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, como respuesta al fallido golpe militar del viernes, fue refrendado por el Parlamento turco, sin que su vigencia desde la medianoche haya modificado, de momento, la vida en Turquía.

También el Gobierno turco anunció la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos mientras dure el estado de emergencia, de manera similar a como hizo Francia tras los atentados registrados en los últimos meses.

Los portavoces del Gobierno turco han prometido que el estado de emergencia no afectará a la vida de los ciudadanos y sólo servirá para "limpiar" las estructuras estatales de seguidores del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara atribuye la responsabilidad del golpe.

"Los derechos y libertades fundamentales no se tocarán en ningún momento. Desde luego no se prevé que haya un toque de queda. La vida cotidiana no se verá afectada por el estado de emergencia", prometió hoy el viceprimer ministro Numan Kurtulmus.

Agregó que "se darán pasos para limpiar el interior del Estado de la banda", en referencia a los gülenistas, y vaticinó que el estado de emergencia podría acabar antes de cumplirse los tres meses para los que se ha proclamado. "Planificamos obtener resultados en unos 40-45 días y ponerle fin", aseguró Kurtulmus.

Horas más tarde, Ibrahim Kalin, portavoz de Presidencia, indicó que "de obtenerse resultados en tres meses", todo volvería a la normalidad, pero que caso contrario, "el Parlamento podrá prorrogarlo otros tres meses".

La Constitución permite al Parlamento prorrogar el estado de emergencia todas las veces que lo juzgue necesario, cada vez por un máximo de cuatro meses, y concede al Gobierno la competencia de gobernar por decreto, suspender derechos y libertades fundamentales y definir obligaciones financieras y laborales para los ciudadanos.

El estado de emergencia entró en vigor a las 00:01 horas de este jueves, después de haber sido aprobado anoche por el Consejo Nacional de Seguridad y el gabinete de ministros.

Conforme a la ley fue refrendado este jueves por el Parlamento con mayoría simple, de 346 votos de la Asamblea, de 550 escaños.

Votaron a favor el partido islamista AKP, en el Gobierno desde 2002, que tiene 317 diputados, y el nacionalista MHP, el menor de las cuatro formaciones del hemiciclo, con 40 escaños.

En contra votaron el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), la mayor formación de la oposición, y el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), izquierdista y prokurdo.

"La normalización no puede llegar con métodos anormales. Podemos superar esta amenaza sólo levantándonos contra ella de la mano en el Parlamento, sin emergencias", dijo Bülent Tezcan, diputado del CHP, y recordó que en la misma mañana tras el golpe, los cuatro partidos del hemiciclo se opusieron juntos de forma tajante a la asonada.

La diputada Meral Danis Bektas, del HDP, criticó que la actual ley que regula el estado de emergencia aún sea la implantada tras el golpe militar de 1980, y advirtió de que "no puedes enfrentarte a un golpe con las leyes de otro golpe".

Denunció que varios golpistas detenidos han sufrido torturas a manos de sus captores, algo que consideró inadmisible. Aunque el MHP votó a favor del decreto, su diputado Erhan Akcay también pidió "no causar daños a personas inocentes mientras se castigue a los culpables".

Akcay criticó que Erdogan tuviera que ser informado por su cuñado de que había un golpe en marcha, como ha señalado el propio presidente, quien reconoció la "debilidad" de los servicios secretos, el poderoso MIT. "Si no puedes gobernar bien, te enteras del golpe por tu cuñado: detrás de todos esto hay una mala administración, un mal gobierno", sentenció el diputado nacionalista. También Kurtulmus admitió que los servicios secretos turcos sufren "debilidades tanto personales como estructurales" y prometió que se tomarían medidas.

Un comunicado de las Fuerzas Armadas, no obstante, señaló el martes que el MIT informó al Estado Mayor a las 13.00 GMT del viernes, es decir, unas cinco horas antes de que los tanques salieran a la calle y unos ocho horas antes de que Erdogan abandonara su hotel en Marmaris en la costa egea, luego atacado por los golpistas.

Continuaban los procesos judiciales contra las más de 11.000 personas arrestadas desde el sábado pasado, entre ellas más de 6.000 militares y 750 jueces y fiscales, que van pasando en su mayoría a prisión preventiva, conforme comparecen ante el juez.

También han sido suspendidos de sus cargos unos 28.000 funcionarios, 21.000 de ellos empleados del Ministerio de Educación, a lo que se añaden 21.000 docentes de la enseñanza privada a los que se les ha retirado la licencia, por lo que el número de personas en repentino estado de desempleo llega a las 55.000.

Todas estas medidas, junto a la dimisión forzada de todos los decanos de facultades, la prohibición de viajar al extranjero que rige para todos los funcionarios y todo el personal universitario, se han implementado antes de declararse el estado de emergencia.

En las calles, poco se ha notado la proclamación de este decreto, y la vida transcurre con normalidad, con los ciudadanos mostrándose aliviados de que el golpe hubiese fracasado.

"Menos mal que el pueblo frenó a los golpistas. Si hubieran alcanzado su objetivo, habrían impuesto un estado de excepción muy distinto, y usted no podría estar ahora mismo haciendo la compra", aseguró un pescadero de un mercado de Estambul.