Alemania negará a trabajadores del resto de la UE ayudas sociales los cinco primeros años
Se quiere acabar con el llamado 'turismo social' y los abusos en el sistema de ayudas sociales por parte de nacionales de otros países de la UE.
Los ciudadanos de otros países de la Unión Europea residentes en Alemania quedarán en el futuro excluidos de las prestaciones sociales, las llamadas ayudas 'Hartz IV' para llevar una vida digna, así como de cualquier otra subvención social, a no ser que cuenten con un empleo que cotice a las cajas de la seguridad social o hayan trabajado un mínimo de cinco años en Alemania. Un portavoz del ministerio federal de Trabajo y Asuntos Sociales confirmó ayer las informaciones publicadas por varios medios sobre los planes de la titular de esa cartera, la socialdemócrata Andrea Nahles, de recortar prestaciones sociales a los ciudadanos comunitarios.
El Gobierno de Merkel quiere acabar con el llamado 'turismo social' y los abusos en el sistema de ayudas sociales por parte de nacionales de otros países de la UE que, en algunos casos, se registran como residentes en Alemania con la sola intención de beneficiarse del sistema sin haber hecho nunca aportación alguna al mismo. La propia ministra había anunciado a finales del pasado año la elaboración de un proyecto de ley para limitar las prestaciones sociales a ciudadanos comunitarios. Al parecer, el documento se encuentra redactado y será debatido y previsiblemente aprobado por el consejo de ministros en las próximas semanas.
La iniciativa de Nahles se produce como reacción a una sentencia dictada el pasado año por el Tribunal Social Federal, con sede en la ciudad de Kassel, sobre la prestación de ayudas sociales a ciudadanos de la UE. Los jueces del alto tribunal establecieron que los ciudadanos de los 27 países restantes miembros de la UE tienen derecho a percibir las mismas ayudas sociales que el resto de la población del país cuando llevan residiendo un mínimo de seis meses en Alemania. La sentencia había desatado las alarmas de los ayuntamientos germanos, responsables últimos del pago de esas prestaciones, que temían y temen verse desbordados por el creciente número de solicitantes. La canciller ya anunció tras conocerse la sentencia que respaldaba los planes de su ministra.
El proyecto de ley contempla, sin embargo, la introducción de una ayuda de emergencia que los ciudadanos de la UE sin derecho a percibir prestaciones sociales podrán solicitar una sola vez. Dicha ayuda será calculada para cubrir durante un máximo de cuatro semanas las necesidades mínimas de alimentación, cobijo, aseo y atención médica. Los afectados podrán después solicitar un préstamo con el que poder pagar el viaje de retorno a sus países de origen para solicitar allí ayudas sociales.
Sin 'efecto llamada'
Andrea Nahles calificó el proyecto de ley de "normativa razonable" y, aunque no se ha producido la temida "llegada en masa" de ciudadanos necesitados de otros países europeos, la intención del Gobierno federal es cerrar definitivamente todo agujero que permita abusos en la actual legislación. La Agencia Federal de Empleo destacó que unos 440.000 ciudadanos extranjeros de la UE perciben actualmente ayudas 'Hartz IV' u otro tipo de prestaciones sociales y subrayó que no están todos desempleados, sino que en muchos casos se compensan sus bajos salarios con subvenciones estatales.
El proyecto de ley elaborado por Nahles fue recibido con satisfacción por la Federación Alemana de Municipios y Mancomunidades (DStGB), que temía costes suplementarios de hasta mil millones de euros anuales para cubrir ese gasto. "La libertad de circulacuión en la UE no significa que sus ciudadanos puedan escoger el sistema social con las prestaciones más amplias. Por eso es bueno que se establezcan claros límites legales", dijo Gerd Landsberg, gerente de la DStGB.
Hubo, sin embargo, críticas desde la oposición. Los Verdes señalaron que la iniciativa de la ministra "atenta seguramente contra el derecho básico a medios mínimos existenciales" y La Izquierda exigió que la Unión Europea se preocupe de que sus socios garanticen a sus respectivos ciudadanos unas ayudas mínimas para vivir con dignidad cuando se carezca de ingresos.
