Colau acusa a España y a la UE de ser "cómplices de la muerte" de refugiados

La alcaldesa de Barcelona dice que hay recursos para atender a los inmigrantes, pero que el Estado bloquea todas las actuaciones.

Los alcalde de Lesbos, Barcelona y Lampedusa, este martes en la Ciudad Condal.
Los alcalde de Lesbos, Barcelona y Lampedusa, este martes en la Ciudad Condal.
Efe

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este martes que la Unión Europea y España "están fallando" ante la crisis humanitaria de refugiados que tiene lugar en Europa y les ha acusado de ser "cómplices de la muerte y sufrimiento de miles de personas".


Colau ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa junto al alcalde de Lesbos (Gracia), Spyros Galinos, y la alcaldesa de Lampedusa (Italia), Giusepinna Nicolini, con motivo del acuerdo de cooperación firmado entre Barcelona y estas dos ciudades, las que han acogido a más refugiados en los últimos años.


Con el acuerdo firmado, la Ciudad Condal ofrece ayuda y apoyo en la gestión de la llegada masiva de personas que huyen de la guerra, una iniciativa denominada De ciudad a ciudad.


Ada Colau ha denunciado que "el gran obstáculo para que los refugiados puedan llegar a Barcelona es el Estado español", quien tiene las competencias en materia de asilo y refugio.

"Pese a habernos puesto en contacto en numerosas ocasiones para decirles que tenemos suficientes recursos para recibir refugiados, el Gobierno sigue bloqueando la llegada de estas personas y practicando una opacidad absoluta, sin explicar cómo está gestionando los millones de euros que llegan desde la Unión Europea para esta cuestión", ha explicado Colau.


Por este motivo, la alcaldesa de Barcelona ha afirmado que mientras el gobierno español no lleve a cabo ninguna actuación, "nosotros buscaremos mecanismos directos para no quedarnos de brazos cruzados", como es el caso del acuerdo con Lesbos y Lampedusa.


Una de las primeras actuaciones de este pacto responde al reclamo de ayuda por parte de Lesbos para la gestión de los residuos de la isla generados por la llegada de refugiados, que "abandonan chalecos salvavidas en la costa, así como las barcas fabricadas con material neumático", lo que está generando un fuerte impacto ambiental.


Galinos ha explicado que "Lesbos ha construido las infraestructuras necesarias para acoger permanentemente a entre 6.000 y 7.000 refugiados" de los 550.000 que han llegado desde enero de 2015 y ha reclamado que los políticos "busquen soluciones para los refugiados, que son las víctimas, en lugar de poner facilidades a los traficantes que se aprovechan de ellos".


"Las soluciones que da Europa son acciones que solo atacan unos síntomas del problema, pero no la raíz verdadera", ha afirmado Nicolini, quien ha defendido que la solución es "encontrar canales seguros de traslado de los refugiados y organizar su acogida, ya que de este modo estaremos protegiendo nuestras propias comunidades y no al revés, como se nos hace creer".


"Queremos unir nuestras fuerzas para dejar claro a las autoridades europeas que el Mediterráneo debe ser un espacio compartido, sin fronteras, y que no debe convertirse en un cementerio", ha afirmado la alcaldesa de Lampedusa.


El acuerdo incluye medidas de promoción económica para ayudar a los municipios a recuperar su economía interna, a la vez que aportará apoyo político dando "visibilidad a Lesbos y Lampedusa en Europa", según ha destacado Colau.


El Ayuntamiento de Barcelona también ha acordado incrementar en 200.000 euros la partida destinada a las ONG que actualmente atienden a los refugiados en Europa, que se sumarán a los 100.000 euros que se contemplaban para ello hasta ahora.


Colau, Nicolini y Galinos han animado a las ciudades del Mediterráneo a sumarse a este acuerdo para actuar ante el hecho de que "los estados de Europa no están a la altura de la mayor crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial".


Por otro lado, Galinos y las dos alcaldesas han condenado el pacto que la Unión Europea y Turquía están negociando para expulsar de forma masiva a los refugiados que lleguen al continente, por lo que han pedido a los estados que no lo ratifiquen y han denunciado que "viola todas las convenciones de derechos humanos y la legislación en materia de asilo".

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