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Crisis en Portugal

Lisboa ahorra 1.000 millones de euros más para tener el aval de Bruselas

Entre las nuevas propuestas de ahorro, destaca un aumento del impuesto en los productos petrolíferos y el tabaco.

Efe. Lisboa Actualizada 05/02/2016 a las 20:41
Pierre Moscovici a la derecha junto al Ministro de Economía, Luis de Guindos, durante un encuentro en BruselasReuters

El Gobierno socialista de Portugal tuvo que incluir nuevas medidas de ahorro por valor de unos 1.000 millones de euros para lograr el aval de la Comisión Europea (CE) al borrador de Presupuestos de 2016, que elimina parcialmente la austeridad.

Entre las nuevas propuestas de ahorro, destaca un aumento del impuesto en los productos petrolíferos y el tabaco, la marcha atrás en la reducción del gravamen que los trabajadores con salarios bajos pagan a la Seguridad Social y una subida de la carga fiscal a la banca.

"No haremos un Presupuesto rectificativo (...) No hay vencedores ni vencidos" en el tira y afloja con Bruselas, manifestó el ministro de Finanzas, Mário Centeno, en la conferencia de prensa de presentación de las líneas generales del Presupuesto, que se debatirá y votará en el Parlamento el 22 y 23 de febrero.

El Ejecutivo comunitario dio su consentimiento para que Portugal adopte un Presupuesto más relajado en materia fiscal de lo que sus socios le exigían, aunque advirtió al Gobierno del socialista António Costa que debe tomar más medidas para mantener el déficit a raya.

A pesar de los avisos de Bruselas, Centeno aseguró que "toman nota de la alerta", aunque aclaró que Portugal "no es el único" país de la Unión Europea (UE) al que se le ha avisado.

La CE ya había reprobado a Lisboa por el borrador inicial enviado en enero, con menos medidas de ahorro que las actuales, y le requirió entonces un mayor esfuerzo para poder cumplir con las normas europeas y evitar así sanciones.

Con la luz verde de Europa, el Ejecutivo socialista trabaja, desde hoy, en garantizar el respaldo parlamentario de sus socios de la izquierda radical en el Parlamento luso.

Allí, los socialistas, en minoría respecto al centro-derecha, necesitan del respaldo del Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués (PCP) para poder aprobar a finales de febrero la nueva versión del documento.
Aunque ambos partidos han dado a entender que aprobarán el Presupuesto de 2016, algunas concesiones de Lisboa a Bruselas pueden generar fricción.

"Hay algunas insuficiencias, como las opciones de agravamiento de impuesto indirectos", manifestó el portavoz comunista, en alusión a la subida del gravamen de los combustibles, calculado en unos 6 céntimos por litro.

Los comunistas divulgarán en el "momento oportuno" su sentido de voto, pues aún deben de "apreciar integralmente la propuesta", añadió Oliveira, quien resaltó, no obstante, la inclusión de medidas sociales que agradan al PCP.

El Bloque de Izquierda también apuntó que el documento cumple con los compromisos del pacto parlamentario con los socialistas y, al igual que los comunistas, dejó fuertes críticas al "chantaje" realizado por "la derecha" europea.

"El primer Presupuesto era claramente mejor que este segundo", lamentó la diputada del Bloque, Mariana Mortágua, quien, no obstante, destacó que se ha frenado "el ciclo de empobrecimiento" en el país.

En la presentación del borrador presupuestario, el Gobierno revisó también las metas macroeconómicas para 2016 y pronosticó que el PIB crecerá el 1,8 % (y no el 2,2 % como había calculado) con un déficit del 2,2 % del PIB, menor al 2,6 % inicial.

El desempleo bajará un punto porcentual, hasta el 11,3 %, y la deuda pública se situará en el 127,7 %, detalló Centeno.

Pacto inédito

El Ejecutivo de António Costa gobierna desde noviembre de 2015 gracias a un inédito pacto con la izquierda radical del Bloque de Izquierda y con el Partido Comunista Portugués, con los que se comprometió a rebajar la austeridad.

Con el respaldo de ambas fuerzas, ya ha promovido la devolución de los recortes salariales a los funcionarios públicos, el aumento del 5 % del salario mínimo, la subida de las pensiones más bajas y la eliminación de un impuesto extraordinario en el 90 % de las nóminas. 







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