El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió hoy que revisará la legalidad del plan del presidente Barack Obama para suspender temporalmente la deportación de unos 5 millones de inmigrantes indocumentados, con lo que el fallo se espera para junio, en la recta final de la campaña electoral.

Tras cerrar la semana pasada sus deliberaciones al respecto sin una decisión, el máximo tribunal del país anunció hoy su intención de estudiar la apelación presentada por el Gobierno de Obama para poder aplicar sus medidas migratorias, que debían haber entrado en vigor el año pasado.

Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas en febrero pasado a raíz de una demanda presentada por 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas y que argumentan que el plan migratorio excede la autoridad que la Constitución otorga al presidente.

Se espera que los jueces del Supremo escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a los candidatos presidenciales con vistas a las elecciones de noviembre.

El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.

La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.

El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes "dreamers" (soñadores) que llegaron a Estados Unidos siendo niños acompañando a sus padres indocumentados.

La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener la suspensión.

El Gobierno de Obama, apoyado por una coalición de 15 estados favorables a las medidas migratorias, presentó entonces una apelación ante el Supremo.

Si el Supremo falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no quiso especular hoy sobre cuánto tiempo puede tomar la puesta en marcha de las medidas si el Supremo las avala, pero sí recalcó que el Gobierno tiene "mucha confianza" en los argumentos legales que presentará ante el alto tribunal.

Earnest reiteró, además, que el plan migratorio de Obama tendría un "impacto práctico y positivo" no solo para cientos de miles de familias, sino también para la economía nacional.

El portavoz comentó, asimismo, que las medidas del presidente "no absuelven" al Congreso de la responsabilidad de actuar para reformar el sistema migratorio.

Obama se comprometió por primera vez en 2008, durante su primera campaña electoral, a cambiar el "roto" sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente en 2014 ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.

Activistas y organizaciones de indocumentados acogieron hoy con optimismo la decisión del Supremo.

Por su parte, el Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia (ACLJ) anunció que presentará un escrito de "amicus curiae" ante el Supremo instando a que se mantenga el bloqueo de las medidas migratorias.

En estas últimas semanas el Gobierno de Obama ha recibido duras críticas de activistas y políticos demócratas por el inicio de una campaña de redadas y la deportación de al menos 121 inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos.

En respuesta, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, adelantó la semana pasada los planes de "expandir el programa de admisión de refugiados" para incluir a ciertos inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que huyen de la violencia en sus países de origen, con la colaboración de la ONU.