El 12 de enero del 2010 un terremoto de siete grados devastó Haití dejando 300.000 muertos, un millón y medio de damnificados y 300.000 viviendas destruidas solo en Puerto Príncipe. Unos 50 países y agencias internacionales prometieron más de 12.400 millones de dólares, unos 1.000 millones de euros, que en parte nunca llegaron y de los que ya se ha gastado un 80%. Sin embargo, pese a la mejoría de infraestructuras 200.000 personas viven aún en pésimas condiciones, las viviendas entregadas no reúnen las condiciones previstas y la caída de la popularidad del presidente Michel Martellí, acusado de nepotismo, amenaza con un vacío de poder que suplirá desde hoy gobernando por decreto.

Los fondos llegados tras el desastre se canalizaron a través de grupos humanitarios en lugar de entregarse directamente al Gobierno. Se usaron para ayudar de emergencia pero, como admite Chiara Liguori, de Amnistía Internacional, "desde entonces, el interés del mundo disminuyó al tiempo que decenas de miles de personas aún no tienen recursos ni domicilio". Harry Adam, director de la Unidad Pública Oficial de Construcción del Gobierno, concreta que "cinco años después, quedan poco menos de 70.000 personas que viven en carpas".Expulsados de los refugios

El último balance de Amnistía Internacional cifra en 85.432 las personas que aún no tienen casa, en 25.000 las familias que viven en condiciones precarias y otras fueron expulsadas a la fuerza de los refugios, según la organización. "Parecía que el problema de alojamiento en Haití al fin sería tratado con seriedad. Pero este sueño se evaporó".

A ello hay que añadirle la gran la inestabilidad política y protestas como la de ayer, que la policía dispersó con gases lacrimógenos y chorros de agua, que piden la dimisión del presidente por el continuo retraso de la convocatoria de elecciones. El pasado diciembre ya renunció el primer ministro Laurent Lamothe.