Los ministros franceses de Interior y Justicia conocían que los jueces habían ordenado pinchar el teléfono del expresidente Nicolas Sarkozy en el marco de una investigación por corrupción, según informa en su edición de mañana el semanario "Le Canard Enchainé".

De acuerdo con esta publicación, la Fiscalía envió el pasado 26 de febrero un resumen de las conversaciones telefónicas grabadas por los magistrados a la ministra francesa de Justicia, Christiane Taubira.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el semanario satírico afirma que el responsable de Interior, Manuel Valls, también estaba al corriente de que los jueces habían ordenado pinchar el teléfono con el que Sarkozy se comunicaba con su abogado.

Taubira había negado unos días antes en la cadena de televisión TF1 conocer que el teléfono del expresidente estaba siendo seguido por los jueces.

Además, el semanario señala que Sarkozy utilizaba una identidad falsa en esas conversaciones telefónicas.

'Le Canard Enchainé' hace estas revelaciones cuando la oposición conservadora había preguntado al Gobierno socialista si estaba al corriente de estas actuaciones judiciales.

El presidente de la opositora Unión por un Movimiento Popular (UMP), Jean-François Copé, preguntó directamente si el jefe del Estado francés, François Hollande, conocía que el teléfono de su predecesor en el Elíseo estaba pinchado.

Los diputados conservadores pidieron, incluso, una comisión parlamentaria de investigación para aclarar este caso.

El vespertino 'Le Monde' reveló el pasado viernes que dos jueces habían pinchado el teléfono de Sarkozy, en el marco de una investigación sobre la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero del dictador libio Muamar el Gadafi.

Las escuchas de esas conversaciones, en las que Sarkozy hablaba con su abogado, sacaron a la luz indicios de un presunto delito de tráfico de influencias y de revelación de secretos de sumario.

Según 'Le Monde', de las escuchas se desprende que el abogado de Sarkozy era informado por un magistrado del Supremo de los avances en el caso sobre la financiación de la campaña con dinero de la heredera del imperio cosmético L'Oréal, Liliane Bettencourt.

A cambio, ese juez había pedido la intervención del ex jefe del Estado para obtener un puesto en Mónaco.