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Atentado en Boston

Trasladan a Tsarnaev a un hospital penitenciario

Mientras estaba ingresado en un centro de Boston la jueza federal Bowler le instruyó en sus derechos, lo que ha sido criticado.

Efe. Washington Actualizada 27/04/2013 a las 17:37
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Tsarnaev se encuentra ahora en la Oficina Federal de Prisiones FMC Devens.AFP

El acusado de los atentados de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, ha sido trasladado a un hospital penitenciario federal, informó este viernes el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Tsarnaev, de 19 años, estaba internado en el Centro Médico Beth Israel Deconess, de Boston, donde fue atendido de las heridas que sufrió durante la operación policial desarrollada para detenerle tras los ataques del 15 de abril con dos bombas en la final de la carrera de maratón de Boston.

El hermano mayor de Dzhokhar, Tamerlan, de 26 años, murió el jueves pasado durante ese enfrentamiento con la policía, tres días después de las explosiones, que mataron a tres personas y dejaron heridas a más de 200.

El portavoz del Servicio de Alguaciles Federales, Drew Wade, informó de que Dzhokhar Tsarnaev quedó confinado en las instalaciones de la Oficina Federal de Prisiones FMC Devens, en Fort Devens, Massachusetts, unos 60 kilómetros al noroeste de Boston.

Este Servicio de Alguaciles es un organismo (agencia federal) encargado de detener a personas requeridas por las autoridades estadounidenses.

Mientras estaba internado en el hospital de Boston, Tsarnaev fue interrogado por la policía federal (FBI) y después la jueza federal Marianne Bowler se personó y le instruyó, el lunes pasado, de sus derechos, principalmente a guardar silencio, ya que todo lo que diga voluntariamente puede ser usado en su contra, y a recibir defensa legal.

Pero la gestión de Bowler ha molestado a los investigadores federales y algunos políticos, como el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, republicano de Michigan.

"Tenemos una larga tradición según la cual los jueces no interfieren con las investigaciones", dijo Rogers en una entrevista que publica este viernes el diario The Wall Street Journal. "Esto sienta un precedente muy peligroso".

En 1984 el Tribunal Supremo de Justicia validó una excepción a esos derechos que, por razones de seguridad pública permite que los investigadores interroguen a los sospechosos por un período no determinado sin leerles sus derechos.







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