El juez Nicholas Evans de la Corte de magistrados de Westminster (Londres) pospuso este miércoles su decisión sobre la petición de extradición del presunto etarra Iñaki Lerín Sánchez y señaló que el 19 de marzo fijará la fecha para su dictamen.

Tras escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa en el día del juicio, Evans dictaminó que Lerín, reclamado por España por delitos de terrorismo, vuelva a comparecer en una vista rutinaria el 19 del próximo mes, cuando prevé anunciar la fecha de emisión de su veredicto.

Durante la jornada de este miércoles, en la que estuvo presente el acusado, la defensa, encabezada por Mark Summers, expuso sus argumentos, que fueron rebatidos por el fiscal, Ben Watson.

Summers argumentó en contra de la extradición que su cliente no tendrá "un juicio justo" en España debido a que las pruebas en su contra "se obtuvieron bajo tortura".

El abogado instó al juez a desautorizarla porque, al no poder garantizársele, según su punto de vista, un proceso imparcial, "se violarían sus derechos humanos".

A su vez, el fiscal Ben Watson, que representa a las autoridades españolas, aseguró que la extradición del sospechoso se ajustaría a la legalidad.

Lerín Sánchez, huido desde abril de 2007 tras la desarticulación del "comando Donosti" de ETA, fue detenido en Londres el pasado 29 de junio y está acusado de pertenencia a la banda armada y de posesión de explosivos.

Summers basó su argumento contra la entrega a España en el hecho de que "existe un riesgo flagrante de juicio injusto", debido a que las pruebas que llevaron a la inculpación de su cliente se obtuvieron "bajo tortura", señaló.

El abogado explicó que el hermano del procesado, José Ángel (Joseba) Lerín Sánchez, detenido en marzo de 2007, le incriminó al facilitar un registro en un piso de ambos en una confesión realizada -dijo- bajo tortura cuando estaba detenido en régimen incomunicado y sin acceso a un abogado de su elección.

El propio Joseba contó también a su letrada que había sido sometido a torturas.

El letrado intentó demostrar a través de informes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que el Estado español "no investiga eficazmente las alegaciones de tortura".

En particular, dijo que el Comité para la prevención de la tortura del Consejo de Europa pidió a las autoridades españolas que investigarán precisamente las denuncias de los detenidos en el caso que afecta a Lerín.

Todos ellos "hicieron alegaciones de torturas similares", indicó Summers, si bien en general los forenses estatales certificaron que no había habido maltrato por falta de marcas físicas, algo que el Comité valoró como insuficiente.

Por su parte, Watson puso en duda el uso de torturas basándose en los informes médicos y judiciales, y subrayó que ningún organismo internacional "ha cuestionado la imparcialidad de los juicios en España".

"Hay que presuponer esa imparcialidad", dijo el fiscal al juez, y le recordó que España es un socio europeo partícipe en el sistema de las órdenes de extradición, que se basan en la confianza mutua.

Otro argumento de la defensa fue que la orden de arresto emitida por España era inválida al no corresponderse los delitos incluidos con los artículos del código penal, pero el fiscal aseguró que se trataba meramente de "un error tipográfico", si bien se comprometió a presentar garantías de la Audiencia Nacional.

Sobre el argumento principal relativo a la tortura, Summers dijo al magistrado que, antes de autorizar la extradición, debía "quedar convencido de que Lerín tendrá un juicio del que se excluirán las pruebas obtenidas bajo tortura".

Lerín Sánchez, de 39 años, fue detenido junto con el etarra convicto Antonio Troitiño en un domicilio del barrio londinense de Hounslow, cerca del aeropuerto de Heathrow, donde se encontró documentación falsa.

El acusado permanecerá recluido preventivamente en la prisión inglesa de Long Lartin hasta su próxima comparecencia el 19 de marzo, cuando asistirá a la vista por vídeoconferencia.