Los jueces se sumaron este sábado, con una huelga indefinida, a la oposición que ha tomado la plaza cairota de Tahrir, en su rebelión contra la decisión del presidente egipcio, Mohamed Mursi, de situarse sobre la ley y blindar sus poderes.

Cada día se le abre un nueva vía de agua al presidente, que promulgó una declaración constitucional el jueves con la intención, precisamente, de esquivar a los jueces en la redacción de la nueva Constitución.

El poderoso Club de Jueces, la principal asociación de magistrados del país, decidió este sábado suspender el trabajo de todos sus afiliados en tribunales y fiscalías y expulsar a quien no secunde el paro.

En un comunicado, la organización instó al Consejo Supremo de la Justicia, máximo órgano de gobierno de la judicatura, a que "retire la confianza" a quienes no detengan su trabajo.

Con esta medida de fuerza, los jueces -que ya bajo Hosni Mubarak fueron la institución del Estado que ofreció mayor resistencia al autoritarismo del régimen- pretenden que Mursi dé marcha atrás de "inmediato" y anule su declaración constitucional.

Asimismo, la asociación exigió que la retractación incluya todos los decretos difundidos el jueves, especialmente el que destituyó al polémico fiscal general, Abdelmeguid Mahmud.

En su acta constitucional, Mursi se otorgó la potestad de cesar al fiscal general, lo que hasta ahora era una prerrogativa judicial, y reemplazó a Mahmud, criticado como un resabio del régimen de Hosni Mubarak, por el juez Talaat Ibrahim.

En los escasos cinco meses que lleva como presidente Mursi ya se ha topado en dos ocasiones anteriores con los jueces, y en ambas salió malparado.

En julio, el presidente ordenó la restauración de la Cámara baja, que había sido disuelta por el Tribunal Constitucional, para tener que dar marcha atrás solo tres días después, enmendado por la más alta corte del país.

De igual forma, ya intentó destituir al fiscal general en octubre, enviándolo como embajador al Vaticano, para luego rectificar a las 48 horas, tras comprobar que el movimiento no era legal.

El propio Mahmud habló este sábado ante la asamblea general del Club de Jueces, entre gritos de "¡ilegítimo!" referidos a Mursi, y anunció que piensa recurrir ante los tribunales la orden del presidente.

Otra asociación de jueces minoritaria y vinculada a los Hermanos Musulmanes, el Movimiento de Jueces por Egipto, anunció en cambio su respaldo a la declaración constitucional, porque esta "apoya la estabilidad del país y fortalece la seguridad y la integridad del país".

No hay duda de que, después de la aparente tregua que siguió a la elección de Mursi en junio, su controvertida decisión ha conseguido devolver el juego político a la calle.

La oposición vuelve a Tahrir

Cuando parecía que había pasado el tiempo de las manifestaciones masivas y las acampadas en Tahrir, la polarización del país entre islamistas y las fuerzas laicas, liberales y revolucionarias ha recuperado escenas propias del pasado.

Decenas de tiendas de campaña continúan instaladas en la emblemática plaza cairota a la espera de que el próximo martes se celebre una nueva manifestación multitudinaria.

Para contrarrestar los efectos de la caída en picado de la popularidad del presidente, los Hermanos Musulmanes han programado otra protesta paralela ese mismo día en la plaza de Abdin, a solo unos cientos de metros de la convocatoria anti-Mursi.

Los indignados de Tahrir coinciden en su apelativo para el presidente: el nuevo faraón.

Hamdi Abulmaati, miembro del partido de la Constitución, que encabeza el Premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei, dijo a Efe que "con sus últimas resoluciones, Mursi se ha convertido en el nuevo faraón de Egipto, y el pueblo rechaza sus decisiones".

Para Abulmaati, Mursi "cumple totalmente con una agenda estadounidense", algo que no es especialmente bien valorado en estos lares.