Los sindicatos griegos iniciaron este martes una huelga de dos días para exigir al Gobierno que no apruebe las nuevas medidas de austeridad en la crucial votación de mañana en el Parlamento. 

El país mediterráneo amaneció este martes prácticamente detenido debido al paro laboral, que afectó mucho al transporte terrestre y al marítimo, mientras que una veintena de vuelos hubieron de ser cancelados y cerca de cincuenta sufrieron retrasos.

En los sectores de la construcción y otras industrias la huelga tuvo un seguimiento del 90%, y fue del 100% en las refinerías y los puertos, según datos de la confederación de sindicatos de trabajadores del sector privado, GSEE.

En el sector público, la convocatoria de huelga fue respaldada por entre el 57% y el 85% de los funcionarios, explicó una fuente de ADEDY, la confederación de los empleados públicos.

Sin embargo, en el comercio la participación fue ostensiblemente menor, a pesar del llamamiento a participar en la huelga de las asociaciones de pequeños empresarios y comerciantes, ESEE y GSEVEE.

Unas 45.000 personas desfilaron por el centro de Atenas en las dos manifestaciones convocadas, por los sindicatos una y por el Partido Comunista otra, bajo pancartas como 'Las personas por encima de todo. No a las medidas' o 'Abajo el Gobierno, fuera la troika'.

Las medidas exigidas por la troika se votarán este miércoles

Los sindicatos se quejan de que las medidas que se votarán este miércoles, exigidas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) reducirán las ya de por sí mermadas condiciones de vida de los trabajadores, ya que facilitan el despido y reducen las prestaciones sociales.

El paquete de medidas incluye un incremento en dos años de la edad de jubilación (hasta los 67), la eliminación de los complementos de Navidad y Pascua, y una reducción de entre el 5% y el 25% a las pensiones superiores a 1.000 euros.

También las pensiones por discapacidad serán reducidas y se reducirá el número de medicamentos cubiertos por la seguridad social.

Para el sector privado se fijan los topes de subidas salariales por antigüedad en un 10% cada trienio para los empleados, y en un 5% para los obreros, hasta un máximo del 30% en ambos casos, además de reducirse el plazo de notificación y las indemnizaciones por despido.

El tiempo mínimo de descanso entre turnos también se reducirá de las 12 a las 11 horas.

Además, el Gobierno accede a despedir a 25.000 funcionarios hasta final de 2013, y los que queden verán sus horas de trabajo aumentadas y su salario reducido, medida que afecta principalmente a jueces, policías, bomberos, personal sanitario, personal académico, diplomáticos, obispos y trabajadores municipales.

Igualmente se incrementarán las tasas sobre el transporte, la electricidad y el gasóleo de calefacción, así como los impuestos que pagan los agricultores.

Se liberan diversos sectores, beneficiando en especial a las grandes superficies comerciales, que a partir de ahora podrán vender productos para los que antes se necesitaban licencias especiales, como el tabaco o la prensa.

"No vemos que estas medidas estén mejorando la situación. La deuda tampoco se reduce, así que no se trata de arreglar los problemas económicos del país sino de que trabajemos por menos dinero", se quejó Panos, un empleado de 37 años cuya esposa lleva más de año y medio en paro.

"Me siento traicionado por este Gobierno", se quejaba también Nikos, un fontanero de 30 años que ha visto su salario reducido de 900 a 600 euros desde el inicio de la política de austeridad.

Aunque entre fuertes medidas de seguridad, con profusión de agentes desplegados por el centro de Atenas, las manifestaciones transcurrieron sin disturbios.

Por otro lado, el Parlamento comenzó a debatir este martes las medidas que serán votadas en un sólo paquete mañana por la noche, lo que ha despertado críticas entre la oposición debido al procedimiento de urgencia utilizado por el Gobierno para su tramitación.

El ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, aseguró que esto "no supone saltarse los procedimientos parlamentarios" y defendió su carácter de urgencia para "cumplir las obligaciones" impuestas por los acreedores internacionales (troika) y que éstos accedan a conceder un nuevo tramo de financiación.

"Este desembolso es necesario para evitar una quiebra incontrolada", advirtió Sturnaras.

Alexis Tsipras, líder del principal partido de la oposición y primero en las encuestas de intención de voto, la izquierda radical de Syriza, exigió la convocatoria de elecciones inmediatas por considerar que el actual Gobierno está "humillando" a la Constitución y a la democracia del país.