Violentos disturbios en una protesta de estudiantes

Una protesta no autorizada de estudiantes de secundaria en Santiago de Chile terminó este jueves con violentos enfrentamientos con la policía, la quema de tres autobuses y decenas de detenidos, actos de los que el Gobierno responsabilizó a los dirigentes estudiantiles.

La frustrada marcha de la capital fue convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), con el respaldo de los universitarios, con el fin de mantener vivas las demandas por una educación pública, gratuita y de calidad.

También se registraron movilizaciones en ciudades como La Serena (norte), que dejó 21 detenidos y 3 lesionados; Viña del Mar (centro), donde hubo once detenidos y destrozos a una farmacia y a un supermercado, y Valdivia (sur), que finalizó con nueve arrestos.

En Santiago, los estudiantes querían marchar por la Alameda, la principal avenida de la capital, pero la Intendencia (gobernación) desechó ese recorrido y propuso dos alternativas que la ACES rechazó.

Decididos a transitar por la Alameda, unos 5.000 jóvenes, según estimó el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, se concentraron partir de las 10.00 hora local (14.00 GMT) en la Plaza Italia, punto neurálgico de la capital, y en el aledaño Parque Bustamante.

La tensión se elevó cuando los estudiantes ocuparon la calzada y entorpecieron el tráfico, pero, según constató Efe, fue en el momento en que estos trataron de avanzar hacia la Alameda cuando Carabineros (policía militarizada) comenzó a dispersarlos.

Con vehículos antidisturbios de agua y gases y con agentes montados a caballo, los policías se enfrentaron a los estudiantes, que, a su vez, lanzaron piedras y otros objetos a los agentes, destrozaron mobiliario urbano e instalaron barricadas en las calles cercanas.

También destrozaron vehículos particulares, así como las fachadas de una mutua de seguridad y un concesionario de automóviles.

Además, tres autobuses de transporte público fueron quemados después de que, según testigos, un grupo de encapuchados obligara a bajar a sus ocupantes.

Los estudiantes, sin embargo, aseguran que los vehículos iban vacíos y fuera de su recorrido habitual y acusan a las autoridades de haber orquestado un montaje.

La portavoz de la ACES, Eloísa González, declaró a CNN Chile que ella cree que "es parte de un montaje por parte del Estado", aunque admitió que su opinión no se basa en hechos, pero se sabe, dijo, que "hay infiltrados en Carabineros".

Los incidentes se prolongaron durante al menos cinco horas y se han producido decenas de detenidos y seis policías han resultado heridos, informaron fuentes de Carabineros.

El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, en una declaración a los medios, señaló que estos hechos "no tienen nada que ver con los problemas de la educación" y subrayó que "nadie está sobre la ley" ni puede "atribuirse el derecho a llamar a marchas ilegales".

"Los dirigentes estudiantiles que convocan a estas marchas ilegales y no autorizadas (...) saben que están abriendo las puertas al vandalismo y a la delincuencia. No pueden eximirse de la responsabilidad que tienen", indicó.

"Ministro Chadwick, no nos sentimos sobre la ley. Quienes han estado sobre ella son los que han lucrado a costa de nuestros sueños", respondió en Twitter el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Gabriel Boric.

Los estudiantes de secundaria ya intentaron ocupar este martes la sede de un partido oficialista en Santiago y han convocado una cacerolada para esta noche.

Desde que estallaron las protestas en mayo de 2011, cuando hubo más de 40 marchas, secundarios y universitarios se han apoyado en su lucha por obtener más recursos para la educación, menguados desde 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Sin embargo, los primeros han mostrado menor capacidad de convocatoria y han desafiado en varias ocasiones la prohibición de manifestarse, lo que, como volvió a ocurrir este miércoles, se traduce en violentos disturbios.

Mientras, en Valparaíso, a 125 kilómetros de Santiago, los diputados iniciaron este miércoles el debate sobre la idea de legislar la reforma tributaria presentada por el Gobierno para recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares destinados a la educación.

Los críticos consideran que ese aumento es escaso. "La carga tributaria hoy es del 20 % del PIB en total. Ahora hay una violenta pelea por si se aumenta de 20 a 20,3 %", dijo el presidente de la Fundación Educación 2020, Mario Waissbluth.

Cuestionan además que permita descuentos tributarios a quienes lleven a sus hijos a colegios particulares, que pueden estar subvencionados o no por el Estado, por considerar que incentivará a los centros gratuitos a cobrar un copago a los padres a cambio de que estos puedan recibir ese beneficio.

"El ajuste tributario es un atentado a la posibilidad de hacer un cambio estructural a nuestro regresivo sistema", opinó en Twitter la líder estudiantil Camila Vallejo, que visitó este miércoles el Congreso para manifestar su rechazo a la iniciativa.