La organización de Derechos Humanos estadounidense Human Rights Watch (HRW) ha conseguido registrar hasta 27 centros de detención de la Inteligencia siria en los que la aplicación "sistemática" de torturas y malos tratos constituye "un crimen contra la Humanidad".

"Antiguos prisioneros y desertores han identificado las localizaciones, las agencias responsables, los métodos de tortura utilizados y, en muchos casos, los comandantes encargados de 27 centros de detención gestionados por la Inteligencia siria", aseguró este martes HRW en un comunicado.

"Las pautas sistemáticas de malos tratos y torturas claramente documentadas por Human Rights Watch apuntan a la existencia de una política estatal de torturas y malos tratos, lo cual constituye un crimen contra la Humanidad", prosiguió.

El informe 'Archipiélago Tortura: detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas en las prisiones secretas de Siria desde marzo de 2011', de 78 páginas, se basa en más de 200 entrevistas realizadas por Human Rights Watch desde que comenzaron las movilizaciones contra el régimen sirio de Bashar al Assad, a mediados de marzo del año pasado.

Mapas de ubicación

El documento incluye mapas con la localización de centros de detención, declaraciones en vídeo de antiguos prisioneros y croquis sobre técnicas de torturas descritas por personas que habían sido testigos e incluso víctimas de malos tratos en estos centros.

"Las agencias de Inteligencia están gestionando todo un archipiélago de centros de tortura en todo el país", declaró el investigador en situaciones de emergencia de Human Rights Watch, Ole Solvang. "Con la publicación de sus localizaciones, la descripción de los métodos de tortura y la identificación de sus encargados estamos advirtiendo a los responsables de que les vamos a pedir cuentas por estos horribles crímenes", aseveró.

Human Rights Watch ha reiterado su llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que remita la situación en Siria al Tribunal Penal Internacional (TPI) y apruebe sanciones contra los responsables cuya implicación en los abusos haya quedado acreditada.