Vecinos de Osso de Cinca piden cerrar un almacén de harinas de origen animal

Malos olores, camiones maniobrando junto al colegio... Son algunas de las molestias derivadas de la actividad de un almacén de subproductos animales no destinados al consumo humano (harinas elaboradas con ganado muerto para su uso como abono) ubicado en el casco urbano de Osso de Cinca y que ha provocado las quejas de un grupo de vecinos. La empresa presentó recientemente al Ayuntamiento el proyecto para regularizar su situación y una decena de afectados han presentado alegaciones en el periodo de exposición pública que acaba de concluir. Además, han emprendido una recogida de firmas.

En sus escritos, argumentan varios motivos por los que se oponen a que se le conceda a la planta la licencia ambiental de actividades clasificadas que le permitiría seguir funcionando. La empresa lleva dos años en su actual ubicación, en la carretera de Fraga, y tras las reiteradas quejas ciudadanas, el pasado mes de junio presentó por fin el proyecto para regularizar su situación «alegal», puesto que en su momento se le concedió autorización para la elaboración de productos ecológicos, aunque luego cambió de actividad, según explicaron fuentes municipales. No obstante, en el registro del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino sí consta como establecimiento autorizado para el almacenamiento de «proteína animal transformada».

Pero los vecinos consideran que este lugar no es el más adecuado para la planta, puesto que se encuentra junto a varias viviendas y a apenas 30 metros tanto del colegio público de Osso como de la escuela infantil, centros a los que asisten un total de 75 niños. En este sentido, los afectados critican que el paso de los camiones y sus maniobras ponen en peligro a los escolares.

Asimismo, denuncian los malos olores que desprenden los productos allí almacenados y la existencia de «materias volátiles perceptibles desde cualquier punto del término municipal».

Fuentes municipales reconocieron en parte estas anomalías, que según afirmaron, se recogerán en los informes técnicos que está elaborando el Ayuntamiento de la localidad bajocinqueña y que serán remitidos, junto con el resto de la documentación, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), órgano que debe emitir un informe vinculante sobre la concesión o no de la licencia, aclararon las citadas fuentes. En su solicitud, la empresa propone la adopción de una serie de medidas para minimizar el impacto de su actividad, aunque será también el Inaga el que determine los mecanismos correctores necesarios.