Una reclamación de 8,5 millones pone en jaque las finanzas municipales

El Ayuntamiento de Huesca se enfrenta a una reclamación judicial de 8,5 millones de euros por la expropiación hace 20 años de 6 hectáreas de suelo situadas entre el cerro y el campo de fútbol de San Jorge. No es el único fallo pendiente de ejecución que hipoteca las arcas municipales, ya que también está por cumplir la sentencia que anuló el cierre del mercado de abastos y un pleito urbanístico que obliga a pagar hasta 2 millones.

El más gravoso es el contencioso por cuatro fincas en San Jorge. Data de 1992, cuando los dueños pidieron la expropiación forzosa dado que desde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1980 figuraban como sistemas generales (sobre todo zona verde), pero ni el Ayuntamiento había hecho nada ni ellos lo podían aprovechar. La valoración oficial fue de 168.000 euros, los propietarios pidieron 4,8 millones y el Jurado de Expropiación la fijó en 234.000 euros. Esta decisión se recurrió y tras sucesivos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2003) y del Tribunal Supremo (2007), el precio quedó en 2 millones de euros, además de otros beneficios a determinar entre las partes.

El Ayuntamiento incluyó este suelo en la modificación del PGOU de 2009 para permitir un aprovechamiento urbanístico en ejecución de la sentencia. Pero las negociaciones entre las dos partes no fructificaron y la propiedad, el pasado mes de julio, solicitó el cumplimiento del fallo, con una valoración que ascendía a 5,5 millones de euros más los intereses, es decir, hasta 8,5 millones. Este suelo, que nunca se llegó a ocupar, ya que la expropiación no se ha hecho efectiva, está hoy en manos de una sociedad mercantil, tras el fallecimiento de su propietaria, Pilar Domingo Arizón.

El equipo de gobierno (PP) asegura que no supo de este litigio hasta julio. "Cuando tuve noticia de esta sentencia me quedé blanca porque la situación era de máxima gravedad", declaró la alcaldesa. Ana Alós convocó ayer una rueda de prensa porque cree que "ha llegado el momento" de hacerlo público.

Alós ha mantenido reuniones con la propiedad, pero no han fructificado. Según le comunicaron los propietarios, en los últimos años hicieron hasta media docena de propuestas que la parte municipal no aceptó.

Como última solución, el Ayuntamiento ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que se dé por ejecutada la sentencia con los derechos urbanísticos asignados a ese suelo en 2009. En caso de no aceptar, se ha hecho una valoración por 4 millones de euros, incluidos los intereses.

La alcaldesa informó ayer a la junta de gobierno que "el peor de los escenarios posibles es que nos obliguen a pagar 8,5 millones". El interventor ya ha realizado un informe para ver cómo se puede afrontar este pago en varios ejercicios (el presupuesto de este año es de 49 millones). Desconoce cuánto tardará el tribunal en resolver, "si unos meses o un año". En principio no se tendrá en cuenta en las cuentas de 2012, pero el equipo de gobierno no descarta tener que modificarlas.

Alós lamentó que esta situación "nos pone en dificultad para los próximos años". Aunque limitará las inversiones, no afectará, afirmó, a su promesa de bajar los impuestos.