El Juzgado de lo Penal ha condenado a 3 años y 9 meses de cárcel a Francisco Fernández Díaz, un auxiliar de enfermería de 44 años de edad, por maltratar a varios ancianos de la residencia Sagrada Familia de Huesca, dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. También se le inhabilita para labores geriátricas durante 4 años y 9 meses.

Pese a que el acusado negó en el juicio todas las acusaciones, la sentencia considera probado, a la vista de los testimonios que ofrecieron sus antiguos compañeros de trabajo en la vista oral, que durante los cuatro años que estuvo trabajando en la residencia en el turno de fin de semana "era frecuente y habitual que su comportamiento excediera del propio de la tarea que desarrollaba, infringiendo malos tratos físicos y psíquicos a las personas residentes en el centro, especialmente a los que se encontraban en la segunda planta aquejados de la enfermedad de alzhéimer", señala el fallo.

En primer lugar, se condena a Francisco Fernández a 2 años de cárcel por un delito de maltrato físico y psíquico habitual a varios ancianos ya que hasta 5 ex compañeros confirmaron que le habían visto insultar, propinar collejas y pellizcos, dar apretones y abrazos a los residentes hasta hacerles gritar, pintarles y maquillarles para ridiculizarlas y mofarse de ellos grabándoles con su móvil. "Situaciones de violencia que no pueden tener cabida en una pauta médica alguna", dice.

Además, el procesado ha sido condenado a 9 meses de prisión por un delito de maltrato sin lesión a una persona especialmente vulnerable después de haberle propinado a una residente un pellizco en la nariz "que le dejó un moratón perfectamente visible".

La sentencia también le considera culpable de un delito contra la integridad moral por vejar a una anciana enferma de alzhéimer mientras estaba desnuda y colocada en una grúa para ser aseada.

La defensa, representada por el letrado oscense Ricardo Orús, ha conseguido al menos que se le absuelvan de otro delito contra la integridad moral del que le acusaban por manipular los genitales de un residente ya que el juez considera que la acción podría estar entre sus funciones para realizar la limpieza y aseo del residente.

El centro actuó correctamente

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales solo estaba personado en el juicio como responsable civil subsidiario de una indemnización de 1.000 euros por daños morales solicitada por la acusación particular, que sostenía que podía haber evitado los hechos si se hubieran aplicado los mecanismos de control. Sin embargo, el juez exonera de cualquier responsabilidad al IASS y a la directora de la residencia, cuyo comportamiento califica de "correcto", por entender que cuando los trabajadores comunicaron los hechos se tomaron medidas como cambiarle de turno, ponerle controladores y abrirle un procedimiento disciplinario.