Gran Scala se juega la última mano en Ontiñena

Es el momento de la verdad, de que la promotora International Leisure Development (ILD) ponga sus cartas sobre el tapete y demuestre si el complejo de ocio y juego Gran Scala proyectado en Ontiñena sale adelante más de tres años después de su presentación. Sus cartas no pueden ser otras que la documentación y el aval de 3 millones de euros que exige la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. Es la única forma que tiene que ganar la partida a las dudas sobre su viabilidad que se han sentado en su mesa.

Pero ILD aún tiene una última baza por jugar, ya que el próximo jueves 10 de febrero vence el contrato de la opción de compra de los terrenos que se firmó hace dos años y, de momento, hay dos opciones: o ejecutar la compraventa o negociar con los propietarios para solicitar una prórroga. De su elección depende también que se despejen las dudas que surgen siempre en la vísperas de que adopten un compromiso. Pero esa decisión está condicionada a su vez por las posibilidades de que el proyecto salga adelante y por las conversaciones con el consejero Aliaga, según lo aseguran desde el gabinete técnico de Gran Scala.

ILD tomará la decisión crucial mañana. "No queremos abandonar", fueron las palabras textuales de un miembro próximo a la promotora. En estos momentos, según fuentes cercanas a ILD, la compañía se decanta por negociar un nuevo contrato que incluya una última prórroga y el pago de una señal antes de cerrar la compra de los terrenos, mientras buscan una negociación con la DGA.

La promotora se comprometió a comprar 1.098 hectáreas a 8.000 euros, por las que ya ha pagado más de un millón de euros. Es la cantidad que corresponde al 12% del precio, que han abonado cada ocho meses en tres ocasiones, tal como estipularon en el contrato. El 10 de febrero de 2009 se firmó el acuerdo con los propietarios en un acto público en Ontiñena.

El segundo abono lo hicieron en octubre de ese mismo año y el último en junio del pasado 2010. Siempre cumpliendo los plazos. Ahora, tendrían que abonar 7.728.000 euros para firmar la compraventa. Si no hubiera ninguna operación ni prórroga, los propietarios se quedarían con las tierras y con el dinero cobrado.

Un proyecto polémico

El 17 de noviembre de 2007 este diario dio a conocer el plan del grupo internacional para crear en Monegros el mayor complejo de ocio de Europa. Por aquel entonces se hablaba de un complejo que ocuparía 2.000 hectáreas, con 32 hoteles y cinco grandes parques temáticos, aunque ahora todas esas cifras se han desinflado. Ya no son 2.200 sino 1.000 hectáreas ni 32 casinos sino diez. Tampoco se crearán 26.000 empleos directos sino unos 15.000.

Pero ni siquiera la merma con el paso del tiempo del proyecto ha sido la causante de las dudas. Desde el primer día se escucharon voces en contra que criticaron el apoyo del Gobierno de Aragón. El proyecto se presentó en el salón Pignatelli de la sede del Gobierno de Aragón el 12 de diciembre de 2007 con la participación de los socios de la promotora apoyados por el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, el vicepresidente, José Ángel Biel, y el consejero de Industria, Arturo Aliaga. No solo provocó la creación de la Plataforma Stop Gran Scala que llegó a manifestarse en la calle sino también la oposición de grupos políticos como Izquierda Unida y Chunta Aragonesista.

Ni siquiera se sabía entonces la ubicación, solo que sería en el desierto de los Monegros. La decisión no se tomó hasta septiembre de 2008 y a partir de entonces se empezó a trabajar para preparar el contrato de la opción de compra sobre los terrenos. Algunos propietarios que en su momento no tenían los papeles al día, todavía esperan su oportunidad de vender unas tierras a un precio impensable para el cultivo.

También el Ayuntamiento de Ontiñena, cuyo alcalde Ángel Torres es uno de los principales defensores del proyecto, puso a disposición de la promotora otras 1.300 hectáreas municipales por las que aún no se ha abonado nada ni se ha firmado contrato alguno. Y es que para levantar la primera fase del proyecto con las hectáreas que han comprado afirman que ya tienen suficiente.

De forma paralela, el Gobierno de Aragón se puso a trabajar para impulsar la creación de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, un normativa 'ad hoc' que estuvo envuelta en polémica desde el principio. Se aprobó en las Cortes de Aragón en la sesión del 25 de junio de 2009 y entró el vigor el 17 de julio de ese mismo año. Solo los grupos de PSOE y PAR votaron a favor, mientras que fue muy criticada por CHA e IU y por los propios servicios jurídicos de las Cortes, que elaboraron informes en los que planteaban dudas de inconstitucionalidad. Finalmente, tanto el Justicia de Aragón como el Defensor del Pueblo consideraron que no había argumentos suficientes para acudir al Tribunal Constitucional.

Desde entonces, ILD se puso plazos una y otra vez para presentar el proyecto. Las razones que siempre han alegado para justificar que todavía no se haya presentado es la dificultad de elaborar todos los documentos. Siempre han defendido que no había problema para crear más de 3.000 puertos de trabajos directos, 8.000 plazas hoteleras y ocupar 1.000 hectáreas, que son algunas de las exigencias juntos con el aval de tres millones de euros. Sin embargo, la ley no exige una inversión mínima y se ha reducido de los 7.255 millones de euros a los 500 millones que barajan ahora.