Un informe denuncia que el Estado y las comunidades se han desentendido de la lucha contra la despoblación

Un estudio encargado por la CEOE-Teruel apunta que solo la UE puede liderar las políticas para el repunte demográfico.

Un anciano pasea por las calles de Rubielos de Mora ayudado de un andador.
Un informe denuncia que el Estado y las comunidades se han desentendido de la lucha contra la despoblación
Antonio García/bykofoto

Las políticas estatales y autonómicas han sido ineficaces en la lucha contra la despoblación y para lograr el reequilibrio territorial. Al menos así lo considera el estudio ‘La despoblación rural en España’, elaborado por el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (Ceddar) por encargo de la CEOE-Teruel. El documento concluye que ni desde el Gobierno central ni de los ejecutivos regionales se ha afrontado el desplome demográfico de las zonas rurales. Concluye que solo la implicación de la Unión Europea (UE) puede atajar el problema por su capacidad de "liderazgo".


El informe considera que desde la recuperación de la democracia "la descentralización no ha cumplido su función inicial de promover el reequilibrio territorial" y todas las discusiones políticas se han centrado en la financiación. El "foco mediático" se ha centrado en las grandes infraestructuras frente "al silencio de la ‘España vacía’, más necesitadas de proyectos cualitativos y estratégicos", añade.


El documento, firmado por los profesores Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez, repasa el inicio de la emigración rural a las ciudades en las primeras décadas del siglo XX y su fase más impactante, entre 1950 y 1975. Concluye que el entorno del Sistema Ibérico es la zona más afectada por la despoblación. Cita los casos de Cuenca, Soria y Teruel, las tres provincias con las densidades más bajas de España, con 11,8, 8,9 y 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente. De 1950 a 2000, Cuenca perdió un tercio de sus residentes, mientras que Soria y Teruel superaron el 40% de caída.


Señala que en la primera década del siglo XXI el crecimiento económico atrajo inmigrantes al medio rural, pero al detenerse este flujo con la crisis la despoblación rural ha vuelto "a su máxima intensidad". Desde 2008, las tres provincias han reanudado una "rápida" despoblación, con mermas de entre el 4% y 5% "en solo siete años".


Pinilla y Sáez afirman que el Estado ha pecado de "omisión" respecto a la política regional, que podría haber frenado la despoblación, y ha delegado esta función en Bruselas. El veredicto respecto a los gobiernos autonómicos es similar. Solo dos autonomías aprobaron planes contra la despoblación: Castilla y León y Aragón. En el caso aragonés, solo se aplicaron "medidas aisladas" y sin continuidad del Plan Integral de Política Demográfica, aprobado por unanimidad en 2000. El plan castellanoleonés de Lucha Contra la Despoblación, consensuado en 2005, contenía 73 medidas, pero se ha quedado en "un mero informe" sobre la evolución poblacional.


Ante los reiterados fracasos y omisiones, el informe apela a la UE como la única instancia que puede afrontar la despoblación en Teruel, Cuenca y Soria, siguiendo pautas que ha aplicado con éxito en Escandinavia y las tierras altas de Escocia. Señala que la UE tiene "una potente influencia" en los estados miembros, que se ven "estimulados y comprometidos". Además, el documento recuerda que la desertización rural es un problema continental que requiere de políticas "innovadoras" que conviertan áreas despobladas "poco atractivas para vivir" en "lugares de oportunidades".

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