Las acusaciones advierten de que el yacimiento de Chaves se sigue usando como abrevadero

"La destrucción de la cueva de Chaves ha dejado en blanco una página de la historia", señaló ayer el fiscal en el último día del juicio contra el empresario leonés Victorino Alonso. Pero, ¿cómo se valora económicamente el expolio de un yacimiento donde vivió el hombre del Neolítico durante 600 años? Esta cuestión centró las intervenciones finales de las ocho partes personadas, en las que los letrados de la acusación particular denunciaron la existencia de un delito continuado contra el patrimonio, ya que se sigue usando la cueva (protegida como yacimiento y además amparada por un Bien de Interés Cultural) como abrevadero y comedero de animales, cuando todavía quedan estratos paleolíticos por investigar.

La Fiscalía mantuvo la petición de 2 años y 6 meses de prisión por un delito contra el patrimonio pero rebajó la cuantía de la indemnización a 14 millones de euros, de acuerdo al informe pericial elaborado por un arqueólogo de la DGA. Sin embargo, reconoció que es solo el valor de las piezas destruidas al vaciar la cueva con una excavadora en 2007. No se han tasado las afecciones científica o histórica ni su valor social, algo que pospuso para la fase de ejecución de sentencia.

El Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa elevan la cuantía a 50,9 millones, atendiendo al informe hecho en su día por Vicente Baldellou, quien fue director del yacimiento y del Museo de Huesca, fallecido en 2014. Las acusaciones rechazan la tasación de 800.000 euros de los peritos de la defensa. Entre otras cosas, porque se basa solo en 23 piezas y en precios de mercado sacados de páginas de subastas como eBay, un comercio ilícito en España para bienes de dominio público.

María Pilar Gonzalo, representante del Gobierno de Aragón, citó jurisprudencia del Supremo sobre afecciones en yacimientos arqueológicos. "El daño no se puede confundir con el precio", señaló. Además de las piezas, está el coste de la información perdida, los trabajos para recuperar los bienes dañados, las actuaciones en conservación y la restauración de las partes en peligro, que en el caso de Chaves serían los restos del Paleolítico.

Las acusaciones coincidieron en que Victorino Alonso tenía el control de la empresa Fimbas, dueña del coto de Bastarás, donde está Chaves, y en que él dio la orden de vaciar la cueva de 3.000 metros cuadrados (solo se habían excavado 104) para usarla como pesebre de los animales de caza. "Alonso movía los hilos y era el que mandaba", señaló Pablo Malo, abogado de Ecologistas en Acción. La de Apudepa, María Pilar Villellas, reprochó que "le echen la culpa al muerto", en referencia a la estrategia de la defensa de acusar al director de la excavación cuando ésta era su vida y le dedicó 20 años de investigación.

Como responsables civiles subsidiarios figuran la empresa del coto, la de la excavadora (Ferpi) y la aseguradora de ésta (Mapfre). Sus letrados y el de Alonso defienden la prescripción del delito y, en todo caso, rebajan la indemnización a 800.000 euros. "Es una actuación desgraciada, pero no se hizo con intención. Fue un error", según el abogado de Fimbas, Enrique de la Fuente. Pudiera dar lugar a una imprudencia, añadió, algo a tener en cuenta en la fijación de la indemnización.

Esta parte destacó además las contradicciones del principal testigo de cargo, el encargado del coto, que llegó a estar imputado. En el juicio afirmó que el acusado dio la orden a Ferpi. Las pruebas son endebles, afirmó César Garnelo, abogado de Alonso, quien en el turno final de palabra volvió a proclamar su inocencia.