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Baltasar Garzón ha solicitado al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia que le condenó a once años de inhabilitación por intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el "caso Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados, al considerarla "gravísimamente errónea".

En un comunicado en el que anuncia su decisión, Garzón admite que, "en la práctica, la inmensa mayoría de estas demandas de nulidad son desestimadas por los tribunales", por lo que, si ocurre así en su caso, interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La demanda de nulidad considera "gravísimamente errónea" la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, "en cuanto se le condena por una acción que no se encuentra tipificada como delito en las leyes".

El texto dice además que la condena "se funda en una interpretación de las normas penales que supone una desnaturalización absoluta del Código Penal, con grave quebranto de la seguridad jurídica" y añade que la sentencia "desconoce el actual concepto de prevaricación en aspectos esenciales del mismo" y que ha construido "a la medida" el delito por el que se le ha condenado.

Garzón agrega que la resolución del Supremo "supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez con el juez instructor y luego con la sala sentenciadora" y que "desnaturaliza por completo la excepcional figura de la prevaricación" prevista en el ordenamiento jurídico español.

"Arbritaria, irrazonable e injusta"

La demanda sostiene que la sentencia es "arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta", que "incurre en contradicciones internas insalvables" y que el Supremo "ha partido previamente de un designio incriminador" en relación con Garzón, "vulnerando la exigencia de imparcialidad subjetiva y objetiva exigible a todo órgano jurisdiccional".

Así, dice que los magistrados que le condenaron prejuzgaron "la cuestión de la culpabilidad del acusado a la luz de consideraciones ajenas al acto del juicio, ya que de la lectura de la sentencia parece que incluso no se ha celebrado prácticamente juicio alguno o que éste ha sido por completo irrelevante para la sentencia, que sigue literalmente el criterio de los autos del juez instructor".

Por último,Garzón señala que la sentencia "vulnera la independencia judicial" porque "supone la criminalización de la posición jurídica contraria a la del tribunal superior".

En este sentido, la demanda señala que, en lugar de acudir al "legítimo cauce del sistema de recursos" para combatir las resoluciones dictadas por Garzón, se ha recurrido a "la indebida criminalización de su conducta, con expulsión incluso de la carrera judicial, lo que supone la negación flagrante del núcleo básico de la independencia judicial".

En la sentencia, notificada el pasado día 9, los siete magistrados que formaban el tribunal estimaron por unanimidad que, al acordar las escuchas, Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".

"La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirmaba la resolución, que también decía que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".

El pasado lunes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo efectiva la expulsión de la carrera judicial de Garzón como consecuencia de su inhabilitación, decisión que será ratificada mañana por el pleno del órgano de gobierno de los jueces.