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Savia Capital Atracción, filial de Savia -la sociedad de capital riesgo del Gobierno de Aragón-, ha perdido los cuatro millones de euros que invirtió para impulsar dos empresas que se encuentran actualmente en concurso de acreedores y, lo que es más grave, con procesos pendientes contra los que fueran sus máximos responsables por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, delito societario, contra la hacienda pública y falsedad documental. Se trata de Vitro Teruel -centrada en la producción de vidrio hueco y con sede en Monreal del Campo (Teruel)- y de Athenia -especialista en mallas metálicas y alambres y ubicada en Escucha (Teruel)-. Ambas llevan un año sin actividad.

A través de la gestora Möbius, que fue seleccionada por Savia para hacerse cargo de sus filiales Capital Atracción y Capital Coinversión, la empresa de capital riesgo invirtió dos millones de euros en Athenia y 1,5 millones en Vitro Teruel. En esta última y tras detectarse los primeros problemas graves, volvió a inyectar más de 220.000 euros para garantizar su liquidez. Luego, vendió su participación a otra empresa -Inmosolbo- por un euro a cambio de que, al cabo de tres años, y una vez hubiera reflotado la sociedad, le ingresara 750.000 euros. Un dinero que nunca llegó a ver, ya que la compañía se vino definitivamente abajo por "la gestión fraudulenta" de los nuevos administradores.

Cambio de gestora

Pero las reclamaciones judiciales -interpuestas por Savia, Möbius y las propias empresas afectadas contra los que fueran presidentes y consejeros delegados de ambas compañías y otras sociedades que supuestamente se enriquecieron gracias a la gestión de estos- elevan esta cifra hasta cerca de los ocho millones. Tras la "mala experiencia" sufrida, Savia ha prescindido de los servicios de Möbius y ha encargado la gestión de Capital Atracción a un administrador. Mientras, confía en que se resuelvan a su favor los procesos pendientes.

En el caso de Vitro, este verano han testificado ya los responsables de la gestora y de la propia Savia. Y se está a la espera de que el juez decida abrir caso o no, tal y como informaron desde la sociedad de capital riesgo. En este caso, hay dos querellas criminales presentadas. Una primera contra el que fuera consejero delegado de la empresa hasta 2006, Pedro José Jódar, y al que se le acusa de delito societario y de falsedad documental.

Según la querella, este habría contratado a la empresa de su sobrino para coordinar las obras de construcción de la nave industrial de la compañía, unos servicios que nunca llegaría a prestar -ya que se encargaba el propio Jódar- y por los que habría cobrado 127.832 euros. Además, supuestamente contrató por 4.500 euros mensuales la limpieza de la nave, unos servicios que tras descubierto pasaron a realizarse por tan solo 380,45 euros.

Siempre de acuerdo con la querella presentada en mayo del año pasado, también habría encargado a una empresa, en la que fue administradora su propia hermana, la impartición de tres cursos a los trabajadores. Por cada uno de ellos, la firma habría cobrado 8.000 euros, un precio que los querellantes tildan de "muy alejado al del mercado", dado que además solo se habrían dado dos tercios de las horas facturadas. Jódar también habría distraído fondos de la sociedad a su propia cuenta, hasta superar los 16.000 euros, si bien devolvió la mitad al ser descubierto. Cuando el Consejo de Administración de la compañía perdió la confianza en él y le retiró poderes, supuestamente llegó a falsificar la firma del presidente para girar un pagaré por valor de 22.125 euros.

Un año después y con la empresa en una "delicada situación patrimonial", Savia intentó reflotarla vendiendo su participación, que entonces había aumentado del 49% inicial al 66,23%, a otra compañía: Inmosolbo. El precio fue de un euro, a cambio de que se inyectaran inmediatamente tres millones en Vitro y se devolviera a la sociedad de la DGA 750.000 euros al cabo de tres años. Pero no solo la empresa no salió adelante, sino que fue "descapitalizada, vaciada y cerrada" definitivamente, una conducta que también ha sido objeto de otra querella criminal.

Y es que solo nueve días después de hacerse con el control de la firma, los querellados -Raúl Masó y Juan Antonio Soler- y a los que se acusa de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible y delito societario, vendieron la nave industrial de la compañía a una empresa vinculada a uno de ellos: Solinde. Vitro ingresó solo 75.000 euros porque el resto -925.000 euros- fue retenido para pagar la hipoteca pendiente. Al cabo de cinco meses, y "sin que la hipoteca fuera cancelada", Solinde volvió a vender la nave a Vitro. Con esta doble compraventa y un "plan preconcebido", se embolsaron 105.000 euros y dejaron a la empresa sin su principal activo, según denuncia Savia.

Ocultación de bienes

El caso de Athenia resulta igual de preocupante. Savia presentó el año pasado una querella contra el que fuera presidente de la misma, Giovanni Londero, al que acusa de delito societario y contra la hacienda pública, estafa, apropiación indebida, falsedad e insolvencia punible. Siempre según la sociedad de capital riesgo, este habría comprado a una empresa propiedad de su padre maquinaria por un valor de 1,5 millones de euros superior al del mercado.

La adquisición se financió además con una subvención pública, "falseando las condiciones requeridas para su obtención", según se argumenta en la querella. Londero habría emitido además facturas por más de 700.000 euros por productos no entregados "con el único ánimo de descontar y adelantar su importe a través de una póliza de crédito", y cobrado en una cuenta distinta a la de la empresa "ya personal o de una persona vinculada a él" ventas de mercaderías de más de 50.000 euros.

Gracias a su puesto habría llegado también a contratar a una persona sin que esta prestase nunca ningún servicio a la sociedad, lo que habría costado cerca de 19.000 euros. Cuando las cosas se pusieron feas, y conocedor de la situación de insolvencia, el querellado intentó además ocultar y transmitir bienes de la empresa -en concreto unos camiones- con el objetivo de que los acreedores no pudieran cobrar sus créditos.