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Garantizar 3.000 empleos, 8.000 plazas hoteleras, 1.000 hectáreas, pagar un depósito de tres millones de euros y tener un capital social de diez millones son algunos de los requisitos que deberán cumplir los centros de ocio de gran capacidad que se quieran instalar en la comunidad aragonesa, esto es, Gran Scala (de momento, único proyecto de esta envergadura). El proyecto de ley que regulará estos complejos estaba previsto que se aprobara en el Consejo de Gobierno de ayer, pero finalmente se retrasa hasta el 7 de abril. Según explicó el vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, la propuesta se encuentra en los servicios jurídicos y negó que se haya retrasado por la Operación Molinos.

La norma nace con "un espíritu de control público", según fuentes del Ejecutivo autonómico, y de "aplicación de plenas seguridades medioambientales". "Es muy intervencionista y muy garantista ya que prevé garantías suficientes, medidas cautelares, un régimen sancionador importante, fianzas, avales...", señalaron.

Para empezar los promotores que quieran instalar un complejo de este tipo en Aragón deberán pagar un depósito de tres millones de euros solo para iniciar la tramitación. Pero las garantías y los avales aumentarán conforme avance el proceso. De hecho, también se vigilará especialmente por que los promotores permanezcan en el proyecto hasta el final y, para evitar compraventas especulativas, el Ejecutivo autonómico adoptará una serie de medidas. No obstante, no se concretaron más esas salvaguardas, a la espera de que los informes jurídicos.

Sí se avanzó que uno de los ejes de esta ley es la figura del consorcio, "un órgano administrativo que va a coordinar la actividad pública de la iniciativa", según indicó Biel. En él estarán integrados los ayuntamientos afectados por el proyecto, las comarcas (en el caso de Gran Scala, el Bajo Cinca y Monegros) y los departamentos del Gobierno de Aragón implicados. Será como una especie de ventanilla única que gestionará los permisos urbanísticos, medioambientales, las tasas... No obstante, las competencias deberán concretarse en sus estatutos.

Esta ley, de 42 artículos, regulará también otros aspectos como los horarios comerciales (serán diferentes a los que rigen en el resto de la comunidad aragonesa), el régimen específico del juego que estará adaptado a usos internacionales... Se aprobará el 7 de abril y se enviará a las Cortes, donde el Gobierno aspira a lograr el máximo consenso. En concreto, espera obtener el respaldo del PP, el grupo mayoritario de la oposición. CHA e IU han manifestado en numerosas ocasiones su rechazo absoluto a este proyecto que se ubicará en el término municipal de Ontiñena. Está previsto que la ley llegue al Boletín Oficial de Aragón y por tanto, entre en vigor antes del verano.

El vicepresidente justificó esta ley en la realidad surgida con Gran Scala, aunque defendió que con esta ley se abre la puerta a la instalación de otros proyectos de este tipo. "No voy a 'reconocer' que esta ley es para Gran Scala que ni se cita en el preámbulo de la norma", argumentó Biel. "No es una ley para Gran Scala, pero si no hubiera surgido, igual no se hubiera regulado", admitió.

De momento, Gran Scala ya cumple algunos de los requisitos exigidos como los empleos (se prevén 26.000 directos) y la superficie (2.000 hectáreas).