Últimas noticias de Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel del periódico digital Heraldo.es

"No hay nada más pernicioso para un niño que en el colegio le manden una cosa y que después venga otra persona y lo revoque. Ocurre como cuando la madre obliga a su hijo a comerse un plato de garbanzos y el padre permite que los deje. Si hay un conflicto de intereses entre adultos, pierde el menor". Para el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, en la resolución de conflictos escolares, los directores de los centros asumen a diario el papel de esa madre y Educación, en demasiadas ocasiones, el del padre que desautoriza. Esto perjudica al menor, según mantiene la Institución, que pide tolerancia cero a la DGA y le sugiere que respalde las decisiones de los profesores. Es decir, que si estos sancionan a un alumno por agredir a un compañero, la Administración respete ese castigo y no lo cuestione.

"Esto no implica que en los centros tenga que reinar la arbitrariedad. Pero sí que se apoye al docente incluso cuando su actuación pueda ser cuestionable por algunas personas", argumentó el Justicia. Este pidió también comprensión a las familias para que acaten las sanciones impuestas a sus hijos y les recomendó que destierren la recurrente frase de "si alguien te pega en el cole, tú se la devuelves".

García Vicente compareció ayer en la comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para presentar un informe especial sobre la detección y resolución de conflictos en el ámbito escolar. En su intervención, insistió en la importancia de dotar a los centros de recursos y especialistas (psicólogos, orientadores...) que ayuden a prevenir y resolver esos problemas de convivencia. Pero recordó que, además de expertos, se necesita formación para saber cómo se debe actuar. "Debe trasmitirse a todos los profesionales que la expulsión debe ser el último recurso", afirmó el Justicia. Para él, si se detecta una situación de acoso escolar y se cambia de centro al agredido, se produce "una doble victimización de la víctima", que además de sufrir acoso, debe dejar su entorno y empezar de cero en otro centro.

En cuanto al agresor, García Vicente aseguró que resulta más efectivo hacerle pasar más tiempo en el colegio educándole en valores de convivencia, en lugar de trasladarlo a otra escuela en la que puede que repita su conducta. Estas experiencias se han probado en comunidades como Andalucía.

En el informe presentado ayer en las Cortes, -que puede consultarse en www.eljusticiadearagon.com-sugiere que esa "inmersión en valores" de los alumnos problemáticos se haga en "unas aulas de convivencia" en las que se les enseñe a respetar a sus compañeros, profesores, familia y materiales del centro.

No obstante, el Justicia no descartó que en ocasiones las expulsiones puedan resultar aceptables. "Sobre todo cuando los alumnos problemáticos actúan en grupo, de forma organizada. En ese caso, expulsarlos podría servir para distribuirlos entre varios centros", apuntó García Vicente.