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El Gobierno comenzará a aplicar el próximo año los primeros cambios para modernizar el funcionamiento de los tribunales de justicia, según informó hoy el ministro Mariano Fernández Bermejo a los once consejeros de las comunidades con competencias en esta materia.

Fernández Bermejo calculó que en 2009 ya estarán aprobadas por el Congreso las reformas procesales que permitirán redefinir las competencias y la organización de la oficina judicial, y descargar de tareas burocráticas a los jueces, que se dedicarán en exclusiva a impulsar los procesos y a juzgarlos.

El ministro explicó a los consejeros, reunidos en conferencia sectorial en Zaragoza, que la modernización de la organización de los juzgados debe coincidir con su tecnificación, la implantación de protocolos únicos de actuación, y la unificación y el acceso inmediato a todos los registros y bases de datos judiciales.

El titular de Justicia se comprometió a que a comienzos de 2009 todos los juzgados del país estén conectados a un registro central de penados y rebeldes. En él no sólo habrá información inmediata sobre las personas con condenas firmes, sino que con una simple consulta se podrá conocer si un ciudadano tiene una condena provisional, pesan sobre él mediadas cautelares -alejamiento, fianzas, prisión preventiva, etc.-, o está en busca y captura. Se trata de evitar en lo posible errores como los que permitieron que el presunto asesino de la niña Mari Luz estuviese libre cuando ya debía cumplir condena por casos anteriores o estar encerrado por otros nuevos.

Los siguientes pasos irán encaminados a la implantación de un sistema integral de gestión de todos los registros judiciales, que se alimentará de manera automática. El modelo permitirá una consulta sencilla y completa de los datos, y el acceso a las sentencias firmes de todos los países conectados a la red internacional judicial.

Planta judicial

Fernández Bermejo también informó a los consejeros de la creación el año próximo de 150 nuevos juzgados, que se distribuirán según criterios de carga de trabajo, población e índice de litigiosidad. Los nuevos juzgados se unirán a los 624 que el Ejecutivo ha puesto en marcha desde 2004 y están pensados para encajar en el rediseño y actualización de la planta judicial en España, que el Gobierno quiere aprobar el año próximo.

Los consejeros se comprometieron a estudiar y a presentar sus alegaciones al borrador elaborado por el ministerio para intentar implantar juzgados específicos de violencia de género hasta en el último rincón del país, y no sólo en las ciudades. Aunque hay partidos judiciales sin carga de trabajo suficiente para contar con juzgado específico, el plan prevé que pueda implantarse si el órgano especializado atiende todos los casos generados en las comarcas próximas.