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El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de dos convenios con las concesionarias de las autopistas AP-68 y AP-2 para la liberalización parcial de los peajes de los tramos comprendidos entre Gallur y Zaragoza y entre Alfajarín y Fraga (incluidos Pina de Ebro y Bujaraloz), respectivamente.

Los acuerdos, que suponen un importe conjunto de tres millones de euros (1,9 millones en el caso de la AP-68 y 1,1 en el de la AP-2), implican la gratuidad del viaje de vuelta en los respectivos trayectos, para los vehículos ligeros, siempre que éste se haga en las veinticuatro horas siguientes al primer trayecto.

Para beneficiarse de los descuentos, los trayectos deberán hacerse por el sistema VIA.T, que según el consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, tiene un coste anual aproximado de cuarenta euros por vehículo.

El Gobierno de Aragón está en conversaciones con las cajas de ahorro para que el acceso a la tarjeta VIA.T sea gratuita, o cuando menos bonificada, para los usuarios habituales, ha dicho Vicente.

Ambos convenios, que se espera poder firmar la próxima semana, entrarán en vigor el 1 de febrero de 2009 y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año.

En el caso de la AP-68, el Gobierno de Aragón abonará a AVASA el 80 por ciento del peaje de vuelta no cobrado al usuario, mientras que en el de ACESA, la concesionaria recibirá el cien por cien de estos trayectos, pero cuando la cantidad global supere el millón de euros, al exceso se le aplicará un descuento del 20 por ciento con cargo a la empresa concesionaria.

Después, ha explicado el consejero, el Ministerio de Fomento, que ha mostrado su interés por sumarse a este acuerdo, firmará los correspondientes acuerdos con ambas empresas.

Pero Vicente ha rehusado dar más datos acerca de los detalles de estos convenios.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley del Cable, que regula todo lo relacionado con el transporte de viajeros y mercancías por cable, cuya ley, estatal, data de 1964.

En ejercicio de sus competencias y atendiendo a la especial significación e importancia del sector de la nieve en Aragón, el Consejo de Gobierno ha optado por elaborar una ley propia que regule el transporte por funicular, ascensores inclinados, teleféricos y telecabinas.

Los objetivos, ha precisado Vicente, son limitar los riesgos y aumentar la prevención de estos viajes; garantizar la protección al medio ambiente y, sobre todo, los derechos de los usuarios.