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Demandas, recursos, autos, recusaciones… Estos han sido los principales protagonistas del pasado 2008 en el polémico litigio de los bienes, y si Lérida no lo remedia devolviendo las 113 piezas allí retenidas, volverán a serlo en este 2009, un año en el que se espera se produzcan importantes resoluciones judiciales. Eso sí, en el plano de la justicia civil, puesto que la vía canónica quedó definitivamente zanjada en el año que acaba de concluir con la decisión del Tribunal de la Rota Romana de no admitir a trámite el enésimo recurso presentado en 2006 por el anterior obispo de Lérida, Francesc Xavier Ciuraneta, para tratar de eludir su deber de devolver las obras a la diócesis de Barbastro-Monzón, tal y como se le había ordenado desde las más altas instancias vaticanas.

Tras la marcha de Ciuraneta, tanto el administrador apostólico que ocupó la sede episcopal, Xavier Salinas, como el nuevo prelado, Joan Piris, han mostrado su intención de acatar el mandato recibido de la Santa Sede y han manifestado expresamente su renuncia a interponer nuevos recursos para intentar dilatar aún más la resolución del litigio.

Pero particulares y colectivos han tomado el relevo de los obispados para librar una nueva batalla legal, unos en contra y otros a favor del regreso de las piezas a Aragón. Así, el Juzgado de Instrucción número 4 de Lérida y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son ahora los escenarios en los que, en los próximos meses, deberán tomarse decisiones cruciales.

En un juzgado de Lérida

El pasado mes de mayo, pocos días antes de que se conociera la inadmisión del recurso ante la Rota, la asociación de Amics del Museu de Lleida -una entidad civil aunque asesorada por los mismos abogados que plantearon durante años más de una veintena de recursos en nombre del obispado-, presentó una demanda en el Juzgado de Instrucción número 4 de Lérida en el que pedían que se dirimiera la propiedad de 83 de las 113 piezas en litigio (del resto ya había reconocido que pertenecían a Barbastro-Monzón).

El colectivo alegaba la figura jurídica de la usucapión, ya que, según argumentan, la ley catalana establece que "la propiedad se adquiere por la tenencia pacífica y continuada de un bien mueble durante un periodo de tiempo superior a tres años".

Como demandado figuraba el propio obispado de Lérida, pero el juez dio a Barbastro-Monzón la posibilidad de personarse, como así hizo. De hecho, su abogado, Hipólito Gómez de las Roces, recurrió la decisión del juez, el aragonés José Luis Martínez, de declararse competente para juzgar el caso, aunque la apelación fue desestimada.

Posteriormente Martínez fue relevado por el juez sustituto no profesional Jordi Guasch, quien rechazó inicialmente la petición para personarse del abogado ribagorzano Jorge Español, que planteó en su día otro recurso por los bienes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Español acabó solicitando su recusación por "animadversión" hacia él y Guasch le reconoció como parte, pero iniciados los trámites para apartarle del caso -lo que paraliza el proceso- dictó otro auto en el que solo le permitía personarse para resolver los recursos que había planteado. Y Español volvió a apelar, además de enviar una denuncia al Consejo General del Poder Judicial, que esta semana ha notificado que su Comisión Disciplinaria investigará la conducta del juez.

Hace apenas dos semanas tomó posesión la nueva magistrada del juzgado que instruye las diligencias, Beatriz Terrer, quien, en primer lugar, deberá resolver sobre la solicitud de Español de inhibirse en favor del juzgado de Barbastro. Después, tendrá que decidir sobre la personación como parte del abogado ribagorzano.

Y mientras, se acerca el 12 de febrero, fecha para la que Jordi Guasch fijó la audiencia previa al juicio, que se celebrará en unos meses. Tanto el obispado de Lérida como Jorge Español han pedido que se deje sin efecto el señalamiento hasta resolver todos los asuntos pendientes. Sin perjuicio de cuándo se celebre, en esa vista es seguro que se alegará la excepción de cosa juzgada (es decir, que el caso ya ha sido estudiado por los tribunales canónicos).

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Además de la propiedad, la justicia también tendrá que pronunciarse sobre las condiciones que en su día impuso la Generalitat al entonces obispo de Lérida, Ciuraneta, para poder cumplir la orden que le obligaba a devolver las obras en disputa a su legítimo propietario, el obispado de Barbastro-Monzón. Sobre este asunto deberá dictar sentencia -aunque probablemente no sea en este año- la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ante este órgano interpuso Jorge Español un recurso contencioso administrativo en contra de la 'resolución Mieras', el decreto de 5 abril de 2006 por el que la entonces consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, autorizaba la devolución, eso sí, con unas estrictas condiciones, "inaceptables" para la diócesis de Barbastro-Monzón.

La ex consejera también será objeto de investigación por parte del TSJC, al igual que su sucesor, Ferrán Mascarell, por las declaraciones de ambos que recoge el libro 'El complot' sobre el litigio, del periodista Eugeni Casanova, en el que reconocen que la catalogación de las piezas que reclama el obispado de Barbastro-Monzón no permite retenerlas en Lérida, porque "lo que vale es la propiedad", que pertenece a la Iglesia y que tiene libertad para disponer de ellas, según diversos informes encargados por el propio Ejecutivo catalán. Estas manifestaciones fueron aportadas por Español, quien pidió que se diera traslado al fiscal por si su actuación fuera constitutiva de delito.

Y hace apenas unas semanas, también envió al alto tribunal otro escrito para añadirlo al recurso tras conocerse que el Museo de Lérida planeaba ceder temporalmente dos obras aragonesas, una de ellas incluida en la lista de las 113 piezas, a un centro expositivo de Filadelfia.

Desde un principio, el abogado pidió que se adoptaran varias medidas cautelares mientras durase el proceso, entre ellas, el traslado de las obras a Barbastro, donde quedarían en depósito judicial, es decir, secuestradas hasta que se dicte sentencia. Hace unos días, el TSJC desestimó estas medidas al entender que supondría "anticipar los efectos de un fallo eventualmente favorable" al recurrente. De inmediato, Español planteó un recurso de súplica contra la denegación de la entrega cautelar.

Este es, de momento, el último capítulo de la historia, aunque, a buen seguro, el próximo no tardará mucho en escribirse.