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HUESCA

El Ayuntamiento tendrá que indemnizar al primer arquitecto del palacio de congresos

Mª JOSÉ VILLANUEVA. Huesca| Actualizada 26/02/2008 a las 23:10    

El Tribunal Superior de Justicia anula un decreto del alcalde que rescindió el contrato con el estudio Cano Lasso.

El Ayuntamiento de Huesca tendrá que indemnizar con 24.037 euros al estudio de arquitectos Cano Lasso, de Madrid, el primero que recibió el encargo de construir el palacio de congresos de Huesca. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha fallado a favor de la demanda por daños y perjuicios presentada por estos profesionales contra un decreto del alcalde (de 2 de abril de 2003) que decidió rescindir el contrato adjudicado a Cano Lasso para la redacción del proyecto básico y de ejecución.

Este estudio ganó, en febrero de 2002, el primer premio del concurso de ideas convocado para diseñar el edificio que debía albergar un auditorio-teatro y un recinto para exposiciones y congresos. Sin embargo, las discrepancias sobre el precio de la obra llevaron al Ayuntamiento a retirarle el encargo.

El presupuesto que figuraba en el pliego de bases del concurso de ideas era de 6,5 millones de euros, una cantidad que el propio jurado estimó insuficiente. Tras varias semanas de negociación, Cano Lasso ajustó el precio en 7,4 millones de euros, una cantidad que no convenció al Ayuntamiento. Sin embargo, el proyecto encargado posteriormente al arquitecto municipal Pedro Lafuente se estimó en 9 millones de euros, que fueron 13 cuando se adjudicó la obra. Tras sucesivos incrementos, al final el edificio tendrá un coste de 29,8 millones.

Decisión "unilateral"



Cinco años después de la resolución oficial del contrato, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha estimado el recurso presentado por Cano Lasso contra el Ayuntamiento de Huesca declarando "nulo" el decreto de Alcaldía y obligándole a abonar al recurrente la citada cantidad. El recurso se estima solo en parte, ya que se pedía una indemnización de 182.000 euros.

El Tribunal rechaza que se tratara de una renuncia tácita de los arquitectos a cumplir con sus obligaciones, tal y como argumentaba la parte demandada, y falla que fue una decisión unilateral de la Corporación motivada porque quería encargar la obra a otra persona.

Un dato fundamental que ha tenido en cuenta es que, unos días antes de iniciar el expediente para resolver el contrato, los medios de comunicación recogían la noticia de que los tres grupos del equipo de gobierno (PSOE, PAR e IU) habían acordado prescindir del proyecto premiado. La sentencia añade que "la verosimilitud" de estas informaciones quedó contrastada cuando se encargó un nuevo diseño del edificio a otra persona, en concreto, el arquitecto municipal Pedro Lafuente, "incluso antes de iniciar el expediente de resolución" del contrato.

El fallo reconoce que hubo conversaciones entre las dos partes en litigio para ajustar los datos del proyecto, actualizar cuantías y asumir las propuestas del jurado del concurso de ideas, un trabajo que hicieron los arquitectos del estudio Cano Lasso pensando en ser los adjudicatarios de la obra.

Mala fe


El tribunal incluso alude a la mala fe de la administración al decir que "en cambio, por parte del Ayuntamiento, mientras tales conversaciones se desarrollaban, lo que se estaba haciendo era estudiar en paralelo, y con plena reserva respecto al recurrente, la adjudicación a otro". Añade que el Ayuntamiento le reclamó modificaciones del anteproyecto premiado sabiendo que eso iba a suponer un aumento del presupuesto, precisamente el pretexto que se utilizó para imputarle incumplimientos.

Antes de iniciarse la vía judicial, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón ya destacó la "anómala conducta municipal" en este caso y dijo que era contraria al "principio de buena fe contractual".

El tribunal fija una indemnización por debajo de la que solicitaba el recurrente, 182.038 euros, ya que considera que no se ha acreditado un daño moral añadido al económico por el posible desprestigio que el asunto comportó para el estudio de arquitectos. No consta, dice la sentencia, que los profesionales del estudio quedaran deslegitimados, puesto que su proyecto fue elegido por el jurado como "el mejor de los presentados" y recibió el correspondiente premio.

Otro revés judicial


La sentencia del Tribunal Superior de Justicia es un nuevo varapalo para el Ayuntamiento. Aunque la cuantía de la indemnización no es tan elevada como la que se pedía, el fallo llega después de varios reveses judiciales contra decisiones de la Administración local. La más reciente es la anulación del convenio urbanístico que iba a permitir edificar 1.400 viviendas en el Área 3 (calle de Doctor Artero) porque incumplía el PGOU. Hace ahora un año, el equipo de gobierno se vio en un brete al anular un tribunal unas oposiciones que habían permitido la contratación de 27 administrativos, un caso que todavía está por cerrar.
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