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Apurando los plazos tras dos semanas alejado de los focos, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, abandonó ayer su silencio con el reto titánico de reconstruir la maltrecha imagen del Ayuntamiento, lastrada por la escandalosa compra de muebles de lujo para el centro administrativo del Seminario. Más sombrio y solemne que de costumbre, Belloch se empeñó en poner fin al culebrón de la mesa y las sillas, en el que su gobierno siempre ha ido a rebufo de los acontecimientos, con un exiguo plan de austeridad de última hora que poco o nada hará con los excesos del pasado. Pero, sobre todo, quiso transmitir una idea: que ha entendido el mensaje indignado de la ciudadanía y que va a hacer algo.

Sin margen a la media sonrisa, apareció solo, sin la compañía de un solo concejal del gobierno, dejando claro que, al mismo tiempo que tiene toda la responsabilidad de lo que ha pasado, se sabe con el poder y da un golpe de autoridad para cambiar de rumbo. "Reconozco que no siempre, como en el caso del expediente del amueblamiento del Seminario, el Gobierno ha estado a la altura", dijo.

¿De quién es la responsabilidad?

Quiso dejar claro que la asunción de responsabilidades no la hacía exclusivamente porque le vaya en el cargo, sino porque él, personalmente, ha dado las órdenes que han propiciado el desastre. En concreto, por "haber tomado la decisión de que el Seminario debía ser un Ayuntamiento", con un salón de plenos, otro para actos oficiales y su despacho. "El problema no es que eso sea conveniente, pero no es prioritario ni urgente. El tema del mobiliario no es imprescindible", dijo.

Pero, al echar sobre sí toda la culpa, en el fondo evitaba depurar las responsabilidades políticas y técnicas que puedan existir en la rocambolesca tramitación administrativa de las obras complementarias del Seminario, donde estaba incluida la polémica mesa de 180.000 euros, que se colocó sin proyecto aprobado.

En su petición de disculpas, no dejó hueco a las medias tintas. "Hay un juicio de oportunidad y no haberlo ejercido es un error del que asumo la responsabilidad íntegra. He de adoptar medidas para que no se vuelva a producir lo ocurrido", afirmó sobre la frustrada compra de 36 sillas de lujo y la instalación de la mesa de 30 millones de las antiguas pesetas.

La comparecencia de ayer es la consecuencia de una calculada estrategia de control de los tiempos políticos. Durante las últimas dos semanas, el alcalde no ha querido hablar, consciente de que con las llamas del incendio demasiado altas y un gobierno buscando respuestas, lo único que le podía pasar era salir quemado. Por eso anunció que hasta que no estuviera listo el informe pericial que confirmara o refutara el precio de la mesa no diría nada. Era una fórmula de ganar tiempo.

Pero, tras aprobar deprisa y corriendo el proyecto de obras complementarias del Seminario, ayer se le acababan las horas. Hoy, comparecerá ante la Corporación en el debate sobre el estado de la ciudad, en el que la actitud municipal ante la crisis será el asunto destacado. Acudir al salón de plenos sin respuestas ante lo ocurrido era entregar el partido a la oposición antes de jugarlo. Por eso, no podía esperar más y firmó un decreto para restringir el gasto. Serán 2,7 millones, solo el 0,3% del presupuesto. El alcalde asumió que "no es una cantidad especialmente importante", pero que el objetivo es "dar un mensaje de sensibilidad" frente a la crisis.

Pero, ¿por qué ahora y no antes? Aunque vino a insinuar que sus propósitos de contención vienen de lejos (puso el ejemplo del recorte a la mitad de las fiestas del Pilar) y que los ajustes no tienen que ver con la crisis del Seminario, no coló y no pudo evitar que quedara en tela de juicio si la gestión realizada hasta ahora ha estado guiada por los criterios de la mesura y el buen juicio.

Desgranó una serie de medidas. La más llamativa es la de la congelación de los sueldos de los concejales y los altos cargos, que llega después de que la hayan tomado casi todas las instituciones importantes (desde el Gobierno central, hasta el de Aragón y la DPZ). Su efectividad es relativa, ya que concejales y personal de confianza pasaron de 2007 a 2008 con una subida de sueldos superior al 10%, muy por encima del crecimiento de las nóminas de los ciudadanos. También planteó el recorte de los gastos de protocolo de un 50%, sin contar eso sí que este ejercicio se han elevado casi el 40%.

Al margen de ajustes más o menos mediáticos, el alcalde puso de relieve que para evitar casos como el del Seminario "se deberían haber adoptado medidas de control". A partir de ahora se obligará a que los contratos municipales vayan con un informe de "necesidad y oportunidad" firmado por los concejales o por él mismo, si la decisión es del gobierno. Esto es algo que no ha ocurrido en el Seminario. La explicación que queda en el aire es por qué.