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En todo este tiempo y al margen de algunas actuaciones, poco o nada se ha avanzado en el mapa de comunicaciones que necesita la provincia para poder desarrollar su verdadero potencial. El Teruel que dibuja el amplio informe que hoy publica este periódico -una provincia con un clamoroso déficit de infraestructuras que va menguando sus activos y hasta su capital humano- es, en gran parte, el resultado de una larga historia de olvidos e incumplimientos institucionales bajo gobiernos de distinto signo político. Lo retrata a la perfección la declaración negativa de impacto ambiental de la autovía A-40 que acaba de suscribir el Gobierno central, y en la que asume de entrada argumentos excluyentes que poco o nada tienen que ver con la incontrovertible defensa del medio ambiente.

Siendo incontestable que el trazado de la vía atravesaba lugares de especial protección de aves (Zepa) y otros de interés comunitario (Lic), preocupa más que la verdadera razón sea otra antepuesta en los mismos escritos de alegaciones, que Medio Ambiente ha hecho suya: la autovía -se dice- no está justificada en razón del escaso tráfico entre Teruel y Cuenca, dos ciudades que suman poco más de 80.00 habitantes, pero que son capitales de provincias en las que viven 350.000 personas.

Así, de forma inapelable y seguramente economicista, ignora el Ejecutivo que la resolución retroalimenta la progresiva ausencia de necesidades; si la crisis en curso sigue causando cierres de empresas o expedientes de regulación de empleo y la falta de comunicaciones aísla el entorno de los ejes de crecimiento, Teruel perderá irre- mediablemente peso económico y demográfico. Se traza con esta forma de proceder un peligroso círculo vicioso: no se invierte más porque son pocos, pero serán menos aún si no se pone coto a sus problemas y se solucionan sus endémicas necesidades.