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LOS abusos sexuales que, según se desprende de la investigación judicial, sufrieron varias ancianas en la residencia Sagrada Familia de Huesca, dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, constiuyen un hecho grave. Si siempre lo son los delitos de esta naturaleza, que dañan muy seriamente la dignidad de las personas, aún más cuando las víctimas se encuentran, como en este caso en razón de su edad, en situación de especial vulnerabilidad. Y la circunstancia de que los delitos se hayan cometido en un centro público, en el que los residentes están bajo el amparo directo de la Administración, supone una preocupación añadida y requerirá, sin duda, una investigación de lo sucedido por parte del IASS y del departamento de Familia y Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón. Las personas que acuden a una residencia de la tercera edad, especialmente si es pública, así como sus familias, deben de tener la garantía de que van a recibir un trato exquisito y de que sus derechos están siendo tutelados adecuadamente por la Administración.