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EL vicepresidente del Gobierno aragonés PSOE-PAR, José Ángel Biel, compareció ayer para adelantar las líneas maestras del proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, impulsado para dar cabida a Gran Scala, aunque, en teoría, puede servir para todo tipo de iniciativas que cumplan los requisitos. Sobre el papel, la DGA pretende que los promotores de este tipo de centros cumplan unas condiciones que incluyen un depósito de tres millones de euros, la garantía de tres mil empleos, ocho mil plazas hoteleras y una extensión de mil hectáreas. Son condiciones cuya efectividad y exigencia son difícilmente valorables mientras no se concreten detalles como los plazos y que, además, son inherentes a cualquier proyecto de envergadura (puesto que se supone que si es grande ha de conllevar puestos de trabajo e inversiones millonarias). Por eso, el Gobierno de Aragón ha de garantizar la viabilidad económica real del proyecto antes de destinar cualquier dinero público a las reformas necesarias, un dinero que habría de revertir a a las arcas públicas y no entregarse, en forma de cheque en blanco, a quienes buscan, legítimamente, realizar un gran negocio. La falta de controles y el dinero público despilfarrado a base de sociedades de gestión que acaban resultando muy gravosas al erario debieran suponer una lección de la que extraer consecuencias.