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HACE ya más de un año que el Gobierno debería haber abordado con decisión la reforma laboral. Tal vez entonces hubiera podido ser negociada y pactada. Ahora, las circunstancias se agravan por momentos, pues la pérdida de credibilidad internacional de la economía española se ha convertido en una espada de Damocles, y es necesario actuar con urgencia y resolución. La propuesta presentada ayer por el Gobierno esboza principios, algunos de ellos muy razonables, pero no dispone medidas concretas; se mueve por tanto en una imprecisión con la que el presidente intenta, una vez más, contentar a todos, dejando abierto e indefinido el contenido real de la reforma, pendiente de una negociación de duración y resultados imprevisibles. La relativamente favorable acogida por parte de los sindicatos y la patronal se basa en esa ambigüedad y no supone por tanto ningún triunfo de la autoridad moral del Gobierno. Por otra parte, y aunque el presidente intente retirarlo del primer plano, el corazón de la reforma sigue estando en el coste del despido, cuyo abaratamiento figura, bien que oculto en retórica, entre los objetivos gubernamentales. En el punto de deterioro al que ha llegado la economía española, el Gobierno debería haber decidido medidas claras y concretas y de rápida puesta en marcha, en vez de apostar por seguir consumiendo un tiempo del que España anda cada vez más escasa.