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LA reducción del volumen del sector público empresarial sería una de las medidas más lógicas dentro de una política general de reducción del gasto de las administraciones tendente a controlar el déficit. Es posible que su impacto financiero no fuera muy fuerte -aunque en ningún caso despreciable-, pero podría contribuir además a mejorar la eficacia, dar ejemplo de austeridad y, sobre todo, aumentar la transparencia y eliminar las extensas zonas de sombra que han crecido alrededor de ese tipo de sociedades. El compromiso de la vicepresidenta Elena Salgado es pues bienvenido -siempre y cuando se convierta en realidad, pues el Gobierno es ducho en desdecirse de sus propias propuestas- y debería extenderse a las empresas públicas autonómicas que, en casos como el de Aragón, han proliferado en los últimos años creando una maraña inextricable, opaca al control parlamentario y de la opinión y abierta, en cambio, a la arbitrariedad y el clientelismo. Resulta desalentador y constituye un error que la DGA desoiga el llamamiento de Salgado y apueste por mantener intacto su sector empresarial e, incluso, descarte reducir el número de altos cargos. Aducir, como hace el Ejecutivo PSOE-PAR, que en el caso aragonés la consolidación ya se ha llevado a cabo no es sino una mala excusa. La racionalización de las empresas públicas es una necesaria medida de higiene política y financiera.