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CON el título de “Documento de uso restringido para unidades de extranjería y fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Prohibida su reproducción, difusión, publicación o utilización por personal ajeno a estas unidades”, la circular distribuida por comisarías y fronteras de toda España es un giro radical en la política de inmigración del Gobierno. Tras la regularización masiva que provocó las protestas de la UE a Rodríguez Zapatero por haber actuado por libre, la circular, amparada en el secreto y la urgencia, suscita muchas dudas sobre las garantías jurídicas del proceso de expulsión. Además de estos aspectos, inquieta que el Gobierno se contradiga a sí mismo, ya que la figura de la detención preventiva de indocumentados se considera excepcional en la reforma de la Ley de Extranjería. Además, las órdenes implican ignorar la entrada en vigor de esta nueva normativa. Es evidente que la llegada de inmigrantes sin papeles ni trabajo en plena crisis plantea problemas de todo tipo, no solo al país de destino, sino a los propios extranjeros. La sociedad reclama una política que evite esas dificultades, pero actuaciones en zonas de sombra no parecen el mejor camino.