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La publicidad sobre retribuciones o aspectos asociados a la actividad política, en algunos casos obligados, como el uso del coche oficial, o tristemente forzosos, como la vigilancia de los escoltas, suelen provocar fuertes reticencias entre los políticos por la mala imagen que genera entre la ciudadanía. Deberían preguntarse por qué a veces resulta tan difícil de transmitir la importancia de la actividad política, sin la cual no existiría el régimen democrático que disfrutamos. La respuesta no es fácil, pero una de las múltiples causas es la falta de transparencia y el recurso a privilegios inexplicables, como el hecho de arbitrar sistemas de sobresueldos en forma de "indemnizaciones por desplazamientos". Al final, como es el caso de las Cortes de Aragón, acaban cobrándolas todos, lo mismo diputados con coche oficial, y todos los meses del año, haya o no sesiones. Racionalizar el sistema habría de ser misión del Estatuto del Diputado, que también prevé incluir el cobro del paro para diputados. Los ciudadanos comprenden que los políticos tengan sueldos acordes con su responsabilidad, pero esperan que no quede espacio para nadie que supedite la vocación pública con la oportunidad de medrar. De ahí la importancia de que sus señorías dediquen el tiempo necesario a clarificar su sistema retributivo.