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Los datos facilitados por el Ministerio de Economía confirman que las cifras del entramado de sociedades y entes públicos de Aragón es mucho mayor, en varios aspectos, que el de comu nidades con muchos más habitantes. Solo la Comunidad Valenciana tiene mayor capital social destinado a empresas públicas. Pero no solo crece el capital social. También la deuda, que, al aumentar más de un 20% en un año, se situó en 2009 en 302 millones de euros. La negativa del Gobierno PSOE-PAR a simplificar el entramado y a dar explicaciones es cada vez más insostenible y no ayuda a clarificar las incongruencias de una política que incluye la salida de empresas rentables y emblemáticas en su sector y su permanencia en otras difícilmente viables. «Se pretende disfrutar de la libertad del empresario en la gestión, sin asumir ninguno de sus riesgos, sin asumir la posibilidad de ser expulsados del mercado por una actividad ineficiente. Los resultados negativos, aquí, se endosan a todos los ciudadanos», denunció ayer la Asociación para la Defensa de la Función Pública. La transparencia democrática requiere despejar todas las dudas en este sentido. Es evidente que esta dicotomía sería siempre censurable, pero más en tiempos difíciles, que exigen grados de rigor, austeridad y eficiencia máximos en la gestión pública.