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Uno de los efectos más indeseables de la crisis económica (el peor de todos lo constituye el paro) es el incremento de las bolsas de fraude. Aunque no existen datos oficiales, se calcula que la economía sumergida puede representar en torno al 20% del PIB nacional. Combatir este fenómeno es siempre una obligación del Gobierno. Mucho más, en tiempos de recesión, cuando tal práctica resulta especialmente reprobable.
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Todo esto empezó hace muchos años, al inicio de la transición, se nos explicó que por evitar dar información al terrorismo de ETA, no era posible hacer públicas las listas de los declarantes a Hacienda, conforme ocurre en los países de nuestro entorno, (Francia, Alemania, etc,etc...). Los chorizos que siempre lo han tenido fácil, porque pueden pagar tantos abogados y asesores como les convenga, además cuentan con la oscuridad del anonimato. Este es otro sobreprecio que en este país debemos pagar por la cruzada contra el terrorismo de ETA, mas el gasto de todos los miles de escoltas, policías, guarda civil y otros que hay que pagar como seguridad a políticos y ciudadanía en general. Siempre he defendido que ese coste debiese ser detraído en su totalidad, de los presupuestos generales del País Vasco para que llegado el momento de ir a LAS URNAS, lo hiciesen conscientes del coste de su elección. Pero nó, aquí lo hacemos al contrario, regalamos el Grupo Argentaria al entonces BBV y atención especial financiera para que todos estén anestesiados.
Oroel: ¿qué le pasa a tu ordenador que sólo tiene teclas de interrogantes de apertura (¿), pero no de terminación (?). Cuidado, porque ahí empieza el triunfo de la máquina sobre el hombre.
La economía sumergida y el fraude fiscal son, efectivamente, dos fenómenos indeseables, que hurtan dinero de la Hacienda pública, de las políticas sociales y redistributivas. No pretendo, por tanto, justificarlos. Pero hay muchos ejemplos de gasto irresponsable, abusivo e inmoral que acaban alentando el fraude y justificándolos. Porque la contratación de ¿asesores fantasmas¿, como dice un dirigente sindical, que cobran sin ejercer y sin cualificación para el puesto que ocupan, el nepotismo descarado que se conoce en las empresas públicas, los gastos suntuarios (coches oficiales, publicaciones que nadie lee, propaganda institucional...) y de representación, las dietas por asistencia a docenas de consejos de administración... todo ello sale del bolsillo del contribuyente y se hurta a las infraestructuras y a las políticas sociales. La frase ¿para que se lo gasten ellos me lo quedo yo¿, adquiere todo su sentido y resulta difícilmente rebatible ante esas evidencias.
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