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Contra el fraude

| 06/03/2010 a las 06:00     3 Comentarios

Uno de los efectos más indeseables de la crisis económica (el peor de todos lo constituye el paro) es el incremento de las bolsas de fraude. Aunque no existen datos oficiales, se calcula que la economía sumergida puede representar en torno al 20% del PIB nacional. Combatir este fenómeno es siempre una obligación del Gobierno. Mucho más, en tiempos de recesión, cuando tal práctica resulta especialmente reprobable.

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El plan que ayer presentaron al alimón las vicepresidentas De la Vega y Salgado para luchar contra lo que el Ejecutivo denomina economía irregular y trabajo no declarado pretende obtener unos mil millones de euros hasta 2013, un 0,1% del PIB. Con ser importante, se trata solo de una actuación complementaria de los mecanismos de persecución del fraude establecidos por la Administración y que, según datos oficiales, reportaron a Hacienda 35.000 millones de euros entre los años 2005 y 2009. Una simple comparación entre lo que se espera obtener con las nuevas medidas y las estimaciones más o menos oficiosas que se hacen sobre el dinero opaco que se mueve por el mercado español, permite constatar lo lejos que estamos de dar una solución razonable al problema. El último informe elaborado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda situaba la tasa de economía sumergida en España, al acabar el año 2009, en el 23, 3% del PIB (el 25,5% en Aragón). Aunque muchos especialistas consideran que esos datos están hinchados, lo cierto es que se trata de un fenómeno reprobable, que pone trabas a la recuperación económica y que hace recaer el peso de la crisis sobre las espaldas de quienes cumplen escrupulosamente con sus obligaciones comunes.

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3 Comentarios
  • 1 Hablemosclaro 06/03/10 20:45

    Todo esto empezó hace muchos años, al inicio de la transición, se nos explicó que por evitar dar información al terrorismo de ETA, no era posible hacer públicas las listas de los declarantes a Hacienda, conforme ocurre en los países de nuestro entorno, (Francia, Alemania, etc,etc...). Los chorizos que siempre lo han tenido fácil, porque pueden pagar tantos abogados y asesores como les convenga, además cuentan con la oscuridad del anonimato. Este es otro sobreprecio que en este país debemos pagar por la cruzada contra el terrorismo de ETA, mas el gasto de todos los miles de escoltas, policías, guarda civil y otros que hay que pagar como seguridad a políticos y ciudadanía en general. Siempre he defendido que ese coste debiese ser detraído en su totalidad, de los presupuestos generales del País Vasco para que llegado el momento de ir a LAS URNAS, lo hiciesen conscientes del coste de su elección. Pero nó, aquí lo hacemos al contrario, regalamos el Grupo Argentaria al entonces BBV y atención especial financiera para que todos estén anestesiados.

  • 2 tomasl 06/03/10 16:21

    Oroel: ¿qué le pasa a tu ordenador que sólo tiene teclas de interrogantes de apertura (¿), pero no de terminación (?). Cuidado, porque ahí empieza el triunfo de la máquina sobre el hombre.

  • 3 Oroel 06/03/10 10:38

    La economía sumergida y el fraude fiscal son, efectivamente, dos fenómenos indeseables, que hurtan dinero de la Hacienda pública, de las políticas sociales y redistributivas. No pretendo, por tanto, justificarlos. Pero hay muchos ejemplos de gasto irresponsable, abusivo e inmoral que acaban alentando el fraude y justificándolos. Porque la contratación de ¿asesores fantasmas¿, como dice un dirigente sindical, que cobran sin ejercer y sin cualificación para el puesto que ocupan, el nepotismo descarado que se conoce en las empresas públicas, los gastos suntuarios (coches oficiales, publicaciones que nadie lee, propaganda institucional...) y de representación, las dietas por asistencia a docenas de consejos de administración... todo ello sale del bolsillo del contribuyente y se hurta a las infraestructuras y a las políticas sociales. La frase ¿para que se lo gasten ellos me lo quedo yo¿, adquiere todo su sentido y resulta difícilmente rebatible ante esas evidencias.

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