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EL próximo jueves se cumplirá un año desde que los efectos de la investigación del juez Alfredo Lajusticia sobre el extraño funcionamiento del Ayuntamiento de La Muela salieran a la luz. La instrucción continúa, y puede aún deparar sorpresas, y también permanecen, en buena medida sin digerir, las secuelas políticas del caso. La Muela se ha convertido, lamentablemente, en un ejemplo de libro de una forma de hacer política demasiado extendida durante los años de rápido crecimiento basado en la construcción. Ante los desmanes que se han puesto de manifiesto, la flemática reacción de las instituciones democráticas, especialmente desde el Gobierno de Aragón y los partidos que lo integran, no ha podido por menos que defraudar a la ciudadanía. Los dirigentes, que, al parecer, no supieron ver lo que estaba pasando -a pesar de tantos síntomas-, tampoco han sabido calibrar la gravedad de lo ocurrido y su impacto en el distanciamiento entre la clase política y los ciudadanos. No ha habido ninguna asunción seria de responsabilidades y, en cambio, produce desazón el hecho de que la mayoría de los cargos públicos afectados, con la alcaldesa María Victoria Pinilla a la cabeza, continúen en sus puestos como si nada hubiera pasado. Entre tanto, la situación política y económica del municipio no deja de deteriorarse y algo importante falla en la capacidad de reacción de las instituciones.