Un grupo de investigación académica, formado por las universidades de Salamanca, Zaragoza y la Carlos III de Madrid, ha desvelado la situación "alegal" en que se encuentran la mayor parte de las ayudas públicas que en España se destinan a las líneas aéreas privadas.

La mayoría de las subvenciones se sitúan al margen de la directiva comunitaria aprobada al respecto en 2005, tienen como destinatarias las compañías de bajo coste, carecen de una mínima estrategia para garantizar su rentabilidad y por regla general se articulan en torno a "contratos opacos".

Así lo ha asegurado este jueves, David Ramos, profesor de Recursos Territoriales Turísticos de la Universidad de Salamanca, después de protagonizar una ponencia sobre mercadotecnia aeroportuaria dentro de una jornada organizada en Valladolid por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

La llegada de la crisis económica, con el abandono de las aerolíneas, ha puesto al descubierto una práctica habitual en las comunidades autónomas, donde las administraciones "llaman a la puerta de las compañías, sueltan el dinero porque les resulta políticamente rentable y éstas ponen vuelos" en sus aeropuertos, "sin criterio ni estudios previos" con carácter estratégico.Ejemplos

Ha puesto como ejemplo el aeropuerto de León y la línea Lagunair, donde se conectó esa capital con numerosas ciudades españolas: "era insostenible, se enterró mucho dinero público, la compañía quebró a pesar de disponer de ayudas oficiales que no sirvieron para rentabilizar sus operaciones", ha agregado.

Esa práctica, "al albur de los dirigentes políticos de turno", según Ramos, "genera debilidades e incertidumbres jurídicas para el dinero público".

La mayoría de los aeropuertos de España, ha añadido, no se ciñen en este sentido a la directiva comunitaria de 2005 sobre ayudas para determinados tipos de rutas y criterios para su concesión", y se firman "contratos opacos" con sociedades de bajo coste cuyo contenido no se desvela y que no tienen ningún tipo de seguimiento.

Con la llegada de la crisis económica, las comunidades autónomas "no van a poder seguir financiando y manteniendo el ritmo de subvención a las aerolíneas, y las compañías se van a marchar", ha pronosticado.

"Las instituciones públicas transfieren dinero a los operadores aéreos sin tener todos los requisitos necesarios, sin entrar en debate sobre su viabilidad", ha insistido este profesor, miembro de un equipo de investigación sobre compañías de bajo coste e incentivos públicos, auspiciada por las universidades de Salamanca, Zaragoza y la Carlos III de Madrid.