Trabajo desvela que el 40% del empleo destruido obedece a despidos improcedentes

Los empresarios parece que se han olvidado de los despidos por causas objetivas, conciliación administrativa o por sentencia judicial, y eligen la expulsión improcedente, la más cara del mercado (45 ó 33 días por año trabajado con un límite de 42 y 24 mensualidades, respectivamente) para realizar sus ajustes, según mantienen fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Argumentan que así consta en un informe elaborado por el departamento que dirige Celestino Corbacho y que esperan acabe con el manido debate entre los que apuestan por un despido más barato y los que defienden las actuales condiciones. El documento refleja que el 40% del empleo destruido en los últimos meses procede de rupturas individuales sin motivo. No obstante, la mayor demolición de puestos de trabajo, el 54%, obedece a la rescisión de contratos temporales.

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) solo suponen el 3% de la desaparición de contrataciones. Además, son mecanismos de ajuste destinados casi exclusivamente al sector industrial. El despegue de su utilización se inició en el mes de octubre de 2008 y, desde entonces, se ha acelerado con especial intensidad en diciembre. Todo indica que la tendencia continuará, pero a pesar del impresionante crecimiento, "un dato positivo" -a juicio de Trabajo- es que la inmensa mayoría de los expedientes autorizados hasta fin de 2008 son de suspensión temporal de contratos, mientras que el incremento de los que implican despidos es muy exiguo.

Durante varias legislaturas el precio del cese de la relación laboral ha experimentado recortes. El descenso de las indemnizaciones se produjo unas veces por consenso, como en 1997, y otras por imposición unilateral de los gobiernos de turno como en 1994 y 2002. En estos dos últimos casos CC. OO. y UGT convocaron huelga general. La primera fue contra un ejecutivo socialista que tenía como ministro de Trabajo a José Antonio Griñán y la segunda contra un gabinete del Partido Popular, cuya política laboral estaba liderada por Juan Carlos Aparicio, quien abandonó la cartera tras el paro.

Doble

La reforma de 2002 redujo sustancialmente el coste del despido y no impidió que el ejercicio terminara con 226.000 parados más y con una tasa de desempleo del 11,45%. A partir de estos cambios, los empresarios que depositan el coste de la compensación en una cuenta, hasta que se aclara la situación en caso de litigio, no pagan los llamados salarios de tramitación, es decir, la retribución del despedido desde que se le comunica el cese hasta que el tribunal sentencia que su expulsión es improcedente.

Los informes de Trabajo reflejan que el crecimiento del volumen de ceses laborales sin motivo ha sido muy considerable entre 2001 y 2007 (el último año antes de la crisis comparado con el anterior a la rebaja del despido) al llegar al 100%.