CRISIS FINANCIERA

La rebaja de la calificación de la deuda de España por S&P arrastrará a la de Aragón

El recorte de la nota del país, ahora en AA-, no se notó ni en los mercados ni en la prima de riesgo. El Gobierno afirma que la "crisis financiera global" es la causa del descenso de las calificaciones.

Fachada de la sede de la agencia Standard & Poor's (S&P) en Nueva York.
La rebaja de la calificación de la deuda de España por S&P arrastrará a la de Aragón
JUSTIN LANE/EFE

Los inversores ya habían descontado otra rebaja de la calificación de la solvencia de España, y las compras de bonos nacionales por parte del Banco Central Europeo (BCE) hicieron el resto. Por eso, el recorte de la nota de la deuda a largo plazo que decidió a última hora del jueves Standard & Poor's (S&P) tuvo poco impacto en el mercado de valores y ninguno en la prima de riesgo. Un recorte que anticipa, y así lo indicó la propia agencia de 'rating', una reducción en la deuda de las comunidades autónomas de Aragón y de Madrid.

La expectativa de los mensajes que puedan lanzar los ministros de Finanzas del G-20 en torno a la solución de la crisis del euro pudo más que las incertidumbres. Con todo, el Ibex 35 fue, entre las grandes, la bolsa europea que menos subió, apenas un 0,36%.

La prima de riesgo, diferencia entre la rentabilidad exigida por los compradores de obligaciones españolas a diez años y la que tiene que pagar el Tesoro alemán por los bonos del mismo plazo, no experimentó tensiones. Sufrió más la francesa, que en algunos momentos superó los 96 puntos básicos, su nivel máximo desde que existe el euro. Al cierre de los mercados, la española se quedó en 301 puntos, frente a los 308 de la sesión precedente. Fuentes del mercado atribuyeron este descenso a las compras del Banco Central Europeo en el mercado secundario, pero también apuntaron la posibilidad de que alguna filtración hubiera provocado los aumentos de la jornada anterior.

Los expertos de la agencia de calificación norteamericana siguieron los pasos de su colega Fitch, que aplicó a los bonos españoles un descenso de dos tramos. Mientras que la primera la había rebajado de AA+ a AA-, la segunda ha sido más indulgente, degradándola de AA a AA-, pero ambas le ponen una perspectiva negativa, lo que hace planear la amenaza de nuevos descensos a medio plazo. En breve podría sumarse a ellas el pronunciamiento de Moody's en el mismo sentido, puesto que lo viene anunciando desde finales de julio.

Las tres firmas pintan un sombrío panorama para España, con arriesgadas perspectivas que ponen en riesgo el crecimiento. A la desconfianza en las finanzas regionales se suman un sector bancario frágil que no acaba de digerir la burbuja inmobiliaria y una abultada deuda privada. Por eso, Standard & Poor's cree que el Producto Interior Bruto apenas aumentará apenas aumentará el 0,8% este año y alrededor del 1% en 2012. También sugiere la posibilidad extrema de que, en el peor de los supuestos, si la demanda exterior se debilita, y la recuperación de los socios comerciales no ayuda, la economía española podría sufrir un retroceso del 0,5% en el próximo ejercicio.

Como en otras ocasiones, Standard & Poor's ha advertido de que la rebaja de calificación de la deuda podría tener un impacto negativo en las notas de los gobiernos regionales de Aragón, Madrid y la ciudad de Barcelona, así como de todos aquellos agentes vinculados a la solvencia estatal (el ICO, el FROB y el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, entre otros).

La interpretación de Salgado

La vicepresidenta económica Elena Salgado atribuyó el nuevo recorte de la nota a la "crisis financiera global" y a su impacto sobre la actividad en España y en otros países de la zona euro. Celebró que, a diferencia de Fitch, el análisis de Standard & Poor's ya toma en cuenta el cambio de la Constitución y su compromiso con la estabilidad presupuestaria, pero formuló objeciones a la consideración de la reforma laboral, que la agencia considera "incompleta" e ineficaz para combatir el elevado desempleo estructural que lastra la recuperación.

La ministra admitió que los efectos de los cambios en el mercado laboral "llevarán tiempo", e instó a los empresarios a aplicar "todo lo bueno" que para sus intereses supone la nueva regulación. También sugirió que las agencias de calificación "debieran dejarse influir menos por las condiciones del entorno".